El Constitucional rechaza el recurso de Valencia contra los PGE de 2016 porque "cumplen la ley vigente"

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso que la Generalitat Valenciana presentó contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 por estar en contra del llamado Fondo de Suficiencia Global, que imponía a la citada comunidad un pago al Estado de 1.329 millones de euros. El TC rechaza que se haya vulnerado la Constitución porque lo que hacen los presupuestos recurridos es cumplir "una normativa reguladora del sistema de financiación autonómica plenamente vigente".

El pleno del tribunal de garantías ha tomado por unanimidad esta decisión, que supone rechazar que, tal y como argumentaba el ejecutivo valenciano, la norma recurrida vulnere el principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución y la garantía de la prestación de los servicios públicos fundamentales, también dotada de rango constitucional. El propio ejecutivo valenciano reconoce en su recurso que la Ley de Presupuestos "se ajusta al vigente sistema de financiación, lo que deja sin base la alegación de arbitrariedad del legislador presupuestario", añade el TC.

En cuando a que la previsión presupuestaria impugnada ponga en peligro la prestación, en el territorio de la Comunidad Valenciana, de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales esenciales) al nivel exigido por la Constitución, el TC señala que no existe un derecho de las comunidades autónomas a esa dotación económica. "No existe un derecho de las Comunidades Autónomas constitucionalmente consagrado a recibir una determinada financiación, sino un derecho a que la suma global de los recursos existentes se reparta entre ellas respetando los principios de solidaridad y coordinación", dice el TC.

Fondo de Sufiencia negativo

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 recoge las transferencias por Fondo de Suficiencia Global a las Comunidades Autónomas. Para el caso de Valencia el resultado de ese Fondo de Suficiencia Global es negativo contra esta comunidad por un importe de total de 1.329 millones de euros. En su recurso, el Consejo de Gobierno de la Generalitat solicitaba que se anulase la obligación de este pago que la norma imponía a la Comunidad Valenciana mediante un cálculo que estableciera un incremento, en idéntico importe, de la financiación correspondiente a dicha Comunidad Autónoma.

El recurso entiende que el saldo negativo del Fondo de Suficiencia Global daría lugar a una incapacidad del Gobierno autonómico recurrente para financiar la prestación mínima de los servicios públicos fundamentales. La sentencia señala que "el signo negativo" del Fondo de Suficiencia Global de la Comunidad Valenciana "no es más que el resultado de la aplicación de las reglas de evolución a las que la Generalitat se adhirió expresamente".

Puig lamenta la sentencia

"No es constitucional defender la desigualdad, y en estos momentos el Gobierno está defendiendo la desigualdad" con unos presupuestos que dejan en condición de inferioridad a los valencianos, ha declarado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Destaca que "hay múltiples informes de expertos" que demuestran que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada y por eso la Generalitat llevó las cuentas ante el TC, al entender que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos.

En este sentido, apuntó que respeta la decisión del TC, pero le ha pedido que "ayude a la buena sintonía de los territorios", y se ha mostrado sorprendido por la rapidez con la que se ha pronunciado.

Para él, la situación de la Comunitat Valenciana debe cambiar en favor de la equidad y la igualdad: "Ahora estamos siendo maltratados financieramente por el Gobierno de España".

Sobre las exigencias de la Unión Europea para reducir el déficit, ha dicho que "la culpa no es de las comunidades autónomas", por lo que no puede exigirse que hagan más esfuerzos. "No recortaremos más nosotros, que ya estamos teniendo una serie de gasto público por debajo de la media española", algo que ve absurdo, ilegal, desigual y que ataca a los principios fundamentales de la Constitución.