El juez archiva el 'caso Rabasa' por no "haber quedado justificada" la comisión de los delitos investigados
Olivia Fontanillo
El juzgado de Instrucción número 6 de Alicante ha archivado el 'Caso Rabasa', en el que se investigaban las presuntas irregularidades cometidas por la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tres técnicos municipales y el empresario Enrique Ortiz en la tramitación del Plan de Actuación Integral del barrio alicantino de Rabasa. El magistrado sobresee "total y provisionalmente" las presentes actuaciones, porque considera que "no ha quedado suficientemente justificada la comisión del delito que ha dado lugar a la formación de la causa". Se espera que la Fiscalía recurra esta decisión.
Castedo, Ortiz, el gerente de Urbanismo, la jefa del Departamento Jurídico de Planeamiento, y el jefe del Servicio de Coordinación estaban investigados (figura que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
El magistrado César Martínez considera que, "una vez examinados cuáles eran los deberes de las autoridades y funcionarios investigados en las presentes actuaciones, y la posición del particular al que se investiga por haberles corrompido, así como los delitos por los que han sido imputados, no ha quedado suficientemente justificada la comisión de ninguno de ellos, con la excepción quizá de un delito de cohecho impropio que en todo caso estaría ya prescrito al momento de la reapertura de esta causa".
La causa, abierta en 2007 a raíz de unas grabaciones a los empresarios implicados, de las que se podían deducir indicios de delito, fue archivada en abril de 2008, por considerar el juez que no había indicios suficientes. En octubre de 2012, Esquerra Unida instó a la reapertura de las diligencias, lo que se produjo en enero de 2013.
El auto del juez detalla que el material probatorio que ha formado esta instrucción procede, en su totalidad, de las intervenciones telefónicas de Ortiz llevadas a cabo por el Juzgado de Orihuela entre mayo de 2008 y mayo de 2010, y de los documentos incautados por la policía en los registros ordenados por ese mismo juzgado. A esos materiales se han unido, posteriormente, las declaraciones prestadas por investigados y testigos y los expedientes administrativos recabados.
En total, 16 tomos de actuaciones en papel, decenas de horas de grabaciones telefónicas y de declaraciones y voluminosos expedientes administrativos incorporados en formato digital.
Anulación del plan
En mayo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló, en dos sentencias, el plan parcial de Rabasa, el mayor proyecto urbanístico de la ciudad de Alicante, que contemplaba la construcción de más de 13.000 viviendas y un centro comercial promovido por Ikea, entre otras infraestructuras.
Respecto al mismo, el juez apunta en su auto de archivo que "el Plan Rabasa no es una actividad delictiva. Y por ello las actuaciones encaminadas a su tramitación, aprobación y ejecución no pueden ser definidas ab initio como una trama". Y apunta que, de haberse producido irregularidades en el mismo, deberían resolverse por la vía administrativa o contencioso-administrativa.