La consellera de Sanidad anuncia un plan de inversión de 330 millones en infraestructuras sanitarias

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha anunciado la puesta en marcha del 'Programa de Dignificación de Infraestructuras Sanitarias', que contempla una inversión de más de 330 millones de euros en la actual legislatura, tanto en dotaciones -actuales y nuevas-, como en nuevos sistemas y tecnologías. La Generalitat trabajará también en la consolidación de plantilla. Montón detalló que se está ultimando la convocatoria de 4.039 plazas por oposición, ya que "hace 9 años que no se activaban procesos de consolidación de empleo".

Respecto al programa de inversiones, la consellera explicó que, "en este primer año, dedicaremos 66 millones de euros, con tres prioridades: los espacios históricamente más olvidados y desatendidos -como pediatría y neonatología y urgencias-; la modernización tecnológica, que afectará tanto a equipos, como a la sustitución de los sistemas energéticos por otros más eficientes y menos contaminantes, y la inversión en sistemas de información y comunicación, a lo que se sumarán las obras de renovación, ampliación y mantenimiento de infraestructuras sanitarias insuficientes, obsoletas y no adaptadas a la diversidad funcional". 

Las prioridades de actuación se estudiarán y definirán junto a los Ayuntamientos de la comunidad.

Montón ha anunciado que este mismo año se suscribirá el 'Pacto por la Estabilidad en el Empleo en Sanidad' y se ha comprometido a convocar una Oferta Pública de Empleo anual, ya que la última fue en 2007. "Este año, la Conselleria está concluyendo la convocatoria del 2007 y sacará las convocatorias acumuladas de 2014, 2015 y 2016. Un total de 4.039 plazas", destacó.

Montón ha resaltado que, en julio de 2015, el sistema sanitario público valenciano presentaba unas tasas de temporalidad del 37,5% y ha asegurado que, tras la convocatoria prevista, este porcentaje se reducirá hasta el 25%. 

Los presupuestos de sanidad para 2016 son los más altos de la historia en la Comunitat, con 5.909 millones de euros, que representan el 34% del presupuesto total de la Generalitat. "Tenemos más presupuesto, pero tenemos que gestionarlo mejor", indicó Montón, tras reiterar su empeño en reclamar y conseguir una financiación justa para la región y para la sanidad pública valenciana.

Reversión de dos concesiones

La consellera se refirió al Pacte del Botànic, que recoge "la recuperación del sistema sanitario público, la Auditoría de las concesiones administrativas sanitarias y el estudio de las vías adecuadas que permitan la reversión completa".La consellera admite que esta reversión no tendrá en cuenta criterios financieros ni de eficiencia y calidad en el servicio, sino que responde al compromiso político asumido con sus votantes.

En esta línea, recordó que se ha creado una Dirección General de Alta Inspección Sanitaria, para controlar todo lo referente a las privatizaciones (concesiones y conciertos) y ha avanzado que "si todo va bien, terminaremos la legislatura con la reversión de dos departamentos de salud", el de Alzira, cuyo contrato vence en 2018, y el de La Marina-Dénia, que el Consell intenta revertir anticipadamente mediante la adquisición de la participación de DKV, socio mayoritario en la entidad gestora, Marina Salud -donde controla el 65% del accionariado, mientras el 35% restante está en manos de Ribera Salud-.

Montón no quiso entrar en detalles sobre las negociaciones iniciadas con DKV, ni sobre el posible coste de una operación de compra para las arcas públicas. "Nos hemos encontrado con la situación excepcional de que DKV quiere salir. Primero tenemos que ver si la operación es factible. Conforme tengamos anuncios, los haremos en tiempo y forma". El presidente Ximo Puig encargó a Montón y al conseller de Hacienda, Vicent Soler, la negociación con DKV y la búsqueda de fórmulas para devolver esta departamento de salud a la gestión pública directa.

No obstante, el socio de DKV, Ribera Salud, está negociando también la compra de la participación mayoritaria. Diversas fuentes estiman en más de 60 millones de euros el coste para la Generalitat de esta operación -que, según otros análisis, podría superar los 100 millones-.

Respecto a la situación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), también gestionado en concesión, la consellera apuntó a que se mantendrá esta cooperación público-privada, "trabajando coordinadamente para buscar la máxima eficiencia, ya que el IVO es un centro de prestigio y con mucho reconomiento".

En cuanto a la concesionaria de resonancias magnéticas, Eresa -bajo investigación judicial-, la consellera se limitó a apuntar que "es una situación compleja que hemos heredado y que intentamos resolver de forma acelerada".