El juez mantiene la imputación de los seis concejales y dos asesores del PP de Valencia que declararon hoy

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el "Caso Imelsa", ha decidido mantener la condición de investigados -término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- a las ocho personas, seis concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y dos asesores, investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales a los que ha tomado declaración esta mañana. Los concejales son Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Gómez y Félix Crespo.

Fuentes judiciales explican que, de los ocho investigados, dos se han acogido a su derecho a no declarar.

Hasta el momento, el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha citado a declarar a 34 personas -14 concejaes y exconcejales y 20 asesores, actuales y pasados- en calidad de investigados por un presunto delito de blanqueo, todos ellos vinculados al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Éstos se suman a los 24 deternidos durante el transcurso de la Operación Taula, en la que se llevaron a cabo también 33 registros en domicilios, oficinas, instituciones y empresas. El próximo miércoles, el juez tomará declaración a una concejal, dos exediles y siete asesores.

La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.

Entre las 24 personas detenidas, se encuentran el ex presidente de la Diputación de Valencia, ex alcalde de Xàtiva y ex presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia.

Además, fueron arrestados 12 empresarios -incluidos Carlos Turró y Javier Luján-, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

Todos los arrestados quedaron en libertad provisional. Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.

El instructor impuso a 14 de ellos fianzas, que oscilan entre los 15.000 euros y los dos millones de euros. Las fianzas impuestas no son para eludir la prisión, sino fianzas pecuniarias (no carcelarias), para garantizar la responsabilidad civil que tendrían que pagar los investigados en caso de ser condenados.