Los testimonios y la documentación incautada arrojan luz sobre la presunta trama de financiación irregular del PP

Las declaraciones de los 24 detenidos el martes en el marco de la Operación Taula y el análisis de la documentación requisada están arrojando luz sobre la presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, el enriquecimiento ilícito de algunos de sus altos cargos y los sistemas de blanqueo de dinero utilizados para justificar los fondos. Fuentes de la investigación explican que los ingresos procederían de comisiones irregulares en decenas de contratos públicos -en la mayoría de los casos, del 3 por ciento, en un sistema similar al destapado en Cataluña-, de las que una parte se habría destinado al partido y, el resto, se habría repartido entre los implicados en la trama.

Sólo en la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, los contratos adjudicados de manera irregular sumarían un importe de unos 100 millones de euros, según una auditoría sobre la gestión de la entidad encargada por la corporación.

Entre los delitos que se imputa a los investigados están prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.

En cuanto a los métodos para blanquear el dinero, incluirían desde la utilización de una red de empresas y clubes deportivos, hasta la implicación directa de militantes, afiliados y empleados del PP en Valencia. Cada uno de ellos habría realizado donaciones ficticias en cuentas bancarias del partido, que se les habrían devuelto a los pocos días en efectivo -supuestamente, procedente de la 'caja B' de la organización-

Este procedimiento se habría utilizado, al menos, en la campaña de las elecciones de mayo de 2015, por importe de entre 50.000 y 100.000 euros. La policía interrogará a, al menos, 50 implicados -entre ellos, los integrantes del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia-, que habrían ingresado 1.000 euros en una cuenta del partido, cantidad que les habría sido devuelta en billetes de 500 euros pocos días después.

Este sistema habría sido coordinado Mari Carmen García-Fuster, que ha sido cesada como asesora y secretaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia, tras prestar declaración ayer ante el juez. García-Fuster, para la que el fiscal pedía prisión preventiva, quedó finalmente en libertad bajo fianza.

Respecto a la situación del portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia y presidente del PP local, Alfonso Novo, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, afirma que, si  sigue imputado y se mantiene "la gravedad de los hechos" que se están conociendo, tendrá que "dejar su acta".

En la misma línea se pronunció respecto a las sospechas que apuntan hasta la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y el exconseller de Economía Gerardo Camps -aforados por ser senadora y diputado-. Bonig afirmó que, en el caso de que resultasen implicados judicialmente, se les pediría la renuncia a sus actas.

Demandas por daños de imagen

La presidenta del PPCV anunció que el partido actuará contra cualquier persona imputada en la investigación y anunció demandas contra aquellas que hayan sido condenadas por delitos cometidos aprovechando su cargo en el partido. La primera irá en contra del exconseller Rafael Blasco, en prisión por el caso Cooperación.