El exdirector general de Interior de la Generalitat y otras 20 personas, detenidas por el 'caso Avialsa'
Olivia Fontanillo
La Policía ha practicado hoy una veintena de registros en empresas, parques de bomberos y viviendas y ha procedido a la detención de 21 personas en el marco de las diligencias que se siguen en el caso Avialsa, en el que se investiga un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales. Por el mismo fue detenido y es investigado el exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano -por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como exconseller de Justicia de la Generalitat-. Entre los detenidos hoy están el exdirector general de Interior valenciano, Pedro Hidalgo, que ocupó este cargo en 2007 y 2008, un exalto cargo de la Generalitat de Cataluña, cuya identidad no ha trascendido, y dos responsables de los cuerpos de bomberos catalanes.
El Juzgado de Instrucción 2 de Sagunto ha coordinado el dispositivo policial desarrollado hoy por el Grupo 24 de la UDEF, que se ha realizado, de forma simultánea, en la Comunidad Valenciana, Cataluña Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura. Hasta este momento, en el marco de las diligencias por el caso Avialsa hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal).
La causa, que sigue secreta, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.
Irregularidades en adjudicaciones
Los hechos investigados por la Fiscalía Anticorrupción se remontan a los años 2008 y 2010, cuando Castellano era conseller de Gobernación. En ese periodo, Avialsa obtuvo varios contratos, entre ellos, uno en 2010, de servicios de extinción de incendios, por 22 millones. Una denuncia del exdirector general de Avialsa, Francisco Alandí, en 2013, alertó sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y en la gestión de contratos. La Fiscalía Anticorrupción apreció indicios de delito, que trasladó al juzgado.
La detención de Castellano por parte de la Unidad Económica y Fiscal de la Policía (Udef), el 29 de mayo, provocó su inmediata suspensión de militancia en el PP y, pocos minutos después, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, anunciaba su salida como delegado del Gobierno. Se le retiró el pasaporte y tiene prohibido salir de España. Desde 1991, Castellano había desempeñado varios cargos en el PP en la Comunidad Valenciana, entre ellos, secretario general y conseller de Sanidad, de Gobernación y Justicia.
En la operación de la Udef realizada en mayo fueron detenidas también otras ocho personas, entre ellas, el alcalde de Quartell, también suspendido de militancia por el PP.
En la denuncia se recogen supuestos regalos de Vicente Huerta, presidente de Avialsa, a Castellano y a su mujer (varios de ellos, ligados a cacerías) y presuntas gestiones que Castellano habría realizado para beneficiar a Avialsa (entre ellas, "modificaciones contractuales" con las que se pudo incumplir el pliego de licitación).