La Fiscalía pide 4,6 años de cárcel para varios exdirectivos de Ruralcaja por "apropiación indebida"

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha fijado para el próximo día 13 de enero de 2016 el comienzo de las sesiones del juicio oral contra varios ex altos cargos de Ruralcaja (entidad ahora integrada en el grupo Cajamar) por presuntos delitos "de apropiación indebida en concurso, con insolvencia punible, por el trasvase de tres millones de euros que la entidad bancaria ordenó entre dos mercantiles del mismo grupo (Cosesa y Afrepark) para poder satisfacer parte de una deuda", según explican fuentes judiciales.

El Ministerio Fiscal solicita para los acusados, el expresidente de Ruralcaja en el momento de los hechos, Eduardo Ferrer, el exvicepresidente, José Montoliu, el exdirector general de la entidad, Juan José Arrieta, el director de la sucursal que concedió el préstamo, José Virgilio Garzón, y el representante legal de Cosesa y Afrepark, Pascual Serrano, cuatro años y seis meses de cárcel para cada uno; una multa solidaria de 400.000 euros; la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; el pago de las costas procesales, y el pago de las responsabilidad civil a los denunciantes afectados por los delitos.

Por su parte, la acusación particular, que representa a los denunciantes perjudicados, pide penas de 17 años para todos los imputados, por los presuntos delitos de apropiación indebida, delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.

La causa se remonta a 2007, cuando unas 20 personas suscribieron un contrato con la entidad Afrepark, propiedad de la constructora Cosesa, para la compraventa de unas plazas de garaje ubicadas en la calle Jesús. Para ello, los compradores entregaron ciertas cantidades de dinero. Pero Afrepark entró en concurso de acreedores y las obras se paralizaron.

El administrador concursal alertó de un posible fraude en el traspaso de tres millones de euros entre las cuentas de Afrepark y Cosesa, decidida de forma unilateral por Ruralcaja, para que la constructora cancelara la deuda con la entidad financiera, con el consiguiente perjuicio para los compradores de las plazas de parking. La acusación considera que Afrepark "quedó en situación de descapitalización, práctica insolvencia y sin posibilidad de continuar la promoción del aparcamiento, provocando un gran perjuicio económico para todos los compradores que perdieron el dinero entregado, que no recibieron el aparcamiento pagado y que se vieron relegados a meros acreedores del concurso presentado".

Mientras, Cosesa vio "reducida su deuda respecto a Ruralcaja en tres millones de euros y, además, pudo así conseguir un convenio concursal con sus acreedores", y Ruralcaja "obtuvo el beneficio de cobrar tres millones de euros que debería haber reclamado por procedimiento concursal, siendo además, un crédito ordinario y sin garantía real y, por lo tanto, sin privilegios".