Fabra tramita el plan de Ikea en Alicante pese a la imputación de la alcaldesa
La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, Isabel Bonig, ha afirmado este jueves que la tramitación administrativa de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Ikea en Alicante seguirá adelante salvo que un juez "determine su paralización".
Bonig se ha pronunciado de esta manera a preguntas de los medios antes de comenzar la jornada parlamentaria del PP en las Corts, en relación a la situación en que se encuentra el Plan Rabasa, donde se enclava el proyecto de Ikea.
La alcaldesa de la ciudad, la popular Sonia Castedo, ha sido citada a declarar como imputada por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de dicha actuación.
La decisión judicial, conocida el miércoles, no ha provocado ninguna reacción en la Generalitat. El presidente, Alberto Fabra, ha rehusado pedir la dimisión de la alcaldesa o forzar su relevo, y, respecto al proyecto, Bonig ha explicado que cuando los expedientes entran en la Administración está la obligación de tramitarlos, salvo que el inversor que exista o un juez determine su paralización".
"Mientras, va todo adelante, insisto, con estricto cumplimiento de la ley y todos los informes son positivos y todos los instrumentos tienen que ser aprobados por la Conselleria con el visto bueno de los técnicos".
La llegada de Ikea a Alicante "se está tramitando como ATE", ha recordado Bonig, quien ha explicado que se va a desarrollar "con todos los instrumentos urbanísticos y con todos los informes favorables".
"Ahora, si un juzgado ordena la paralización pues obviamente nosotros lo paralizaremos" pero, "de momento, nosotros seguimos con todo el procedimiento administrativo con estricta sujeción a lo que establece la ley y los informes", ha insistido. A preguntas de los medios ha asegurado que "no se ha ralentizado el proyecto".