Valencia crea su impuesto sobre depósitos bancarios por si Montoro lo autoriza
El Gobierno valenciano ha incluido en los Presupuestos de la Generalitat para 2014 un impuesto a las entidades financieras sobre los depósitos bancarios -ya implantado en Extremadura, Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña- con el que prevé ingresar 230 millones de euros, a pesar de que esta figura impositiva se encuentra en un limbo legal, recurrida ante el Tribunal Constitucional
El impuesto será introducido vía enmienda del PP a la Ley de Acompañamiento, cuyo anteproyecto ya fue aprobado por el Consell, por lo que la legalidad del gravamen no será sometida al dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
El consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, explicó el porqué de este impuesto este miércoles, tras entregar el proyecto de presupuestos de la Administración autonómica para 2014, aprobado por el Consell el pasado viernes, al presidente de las Corts, Juan Cotino.
Moragues remarcó que este impuesto "va a las entidades financieras, no a los clientes", y advirtió de que actuarán en caso de detectar que repercuten a los impositores esa nueva carga, ya que está expresamente prohibido. Añadió que la Generalitat dedicará lo recaudado entre las entidades financieras a "atender a las personas".
El conseller no reveló los conceptos que se gravarán ni los tipos. Sí destacó que habrá beneficios fiscales para priorizar a aquellas entidades financieras que tengan domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana, a las que cuenten con sucursales en esta autonomía y también a las que estén presentes en municipios de menos 2.000 habitantes, mientras que las secciones de crédito de cooperativas no tributarán y las cooperativas tendrán un "tratamiento beneficioso, que en ningún caso produce efecto penalizador", subrayó.
En el limbo
Según Moragues, se han visto "obligados a reflejar la contabilización" de este impuesto en la Comunitat en 2014 dada la "infrafinanciación" que sufre la Comunitat, que percibirá 305 millones de euros menos del modelo de financiación respecto a 2013, y después de que el Tribunal Constitucional levantase la suspensión de la aplicación del impuesto a Asturias y Cataluña, motivado por un recurso del Estado.
Tras esa decisión del Constitucional, está "pendiente de dilucidar qué sucede con la regulación del Estado a tipo cero", introducida por el ministro Montoro para anular los impuestos autonómicos. Otro "hecho significativo" que ha movido al Consell a crear el impuesto es que Montoro "compensa un año más en los Presupuestos Generales del Estado con 250 millones de euros a Andalucía, Extremadura y Canarias", que tenían regulado el impuesto antes de 2013, es decir que estas comunidades no lo recaudan pero el Estado les compensa con una cantidad equivalente a la que preveían ingresar.