Cierval acusa a la Generalitat de desviar fondos de formación finalistas a la caja común
La patronal de la Comunidad Valenciana Cierval ha arremetido este miércoles contra el Gobierno autonómico, al que acusa de desviar fondos de formación finalistas, que en lugar de emplearse para pagar cursos se ingresaron en la caja única de la Generalitat.
Cierval reacciona así al anuncio del Gobierno de Alberto Fabra de supeditar el cobro de cursos de formación a que sirvan para crear empleo, propuesta que acentuó el malestar que había en la patronal por la deuda que mantiene la Generalitat con estas organizaciones, que asciende a 25 millones de euros -14 de ellos de formación-, correspondientes a 2010 y 2011.
Según el presidente de Cierval, José Vicente González, "estos fondos no son subvenciones, aunque se les llame así, sino encomiendas de gestión". Ha recordado que los fondos se nutren de aportaciones de las empresas y de los trabajadores, y que el Estado recauda estas cotizaciones y las transfiere a las comunidades para que las gestionen.
"Nos consta que estos importes le han sido trasferidos puntualmente por el Estado, pero la Generalitat, en lugar de satisfacer los pagos pendientes con las organizaciones empresariales, ingresa estos fondos finalistas en la caja única que se utiliza para todo tipo de pagos", ha afirmado. Preguntado sobre si el Consell incurre así en alguna ilegalidad, ha afirmado: "Estamos convencidos de que la Generaralitat no va a hacer nada que sea ilegal".
Peligra "el modelo de interlocución"
González se ha quejado de los retrasos en los pagos, ha lamentado que las organizaciones empresariales hayan sido excluidas del plan de pagos estatal para las facturas de ayuntamientos y comunidades, y ha criticado que desde la Generalitat no se les dé "ningún compromiso de pago de ninguna cantidad a ningún plazo".
Ha insistido en que "no se trata de subvenciones de libre disposición sino de pagos retrasados, en algunos casos dos años, de cantidades aprobadas, trabajos encomendados, ejecutados, justificados y pagados", y ha lanzado una advertencia al Ejecutivo de Fabra: "Esta situación, si no se soluciona rápidamente, puede acabar con el modelo de interlocución social que tanto ha contribuido a la concordia y a la paz social".
González ha comentado con sorna el anuncio del Consell de supeditar el cobro de actividades de formación a que un número determinado de asistentes encuentren un puesto de trabajo al finalizar los cursos. "Entendemos que se refiere a la formación de parados, que solo supone el 18 por ciento de la formación que impartimos". Y ha aceptado negociarlo "siempre que se apliquen a todo el mundo educativo", es decir las escuelas de formación profesional, las universidades y, "sobre todo, el Servef (Servicio Valenciano de Empleo y Formación), cuya principal ocupación es colocar a los trabajadores parados. ¿También se les aplicarán las mismas medidas?", se ha preguntado.
Exige que ayude a la SGR
Después de estas críticas al Consell, la patronal valenciana aún guardaba dos más, en forma de exigencia para que cumpla sus compromisos.
En primer lugar, se ha referido a los apuros que pasa la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), cuya supervivencia depende de una aportación de 30 millones de la Generalitat, la mitad de la cual debería haber llegado en 2011. González ha exigido que, "sin dilaciones, la Generalitat cumpla los compromisos que adquirió el pasado año en cuanto a aportación de capital pero también y simultáneamente, las entidades financieras, a las que en años anteriores la SGR les ha sido muy útil y conveniente, aporten otra parte de capital porque sin duda obtendrán beneficio de ello y además darán una nuestra de compromiso real con el mundo empresarial valenciano". Las dos mayores entidades financieras socias de la SGR son Bankia y Banco CAM.
Por otro lado, González ha reclamado al Consell la reactivación de la Estrategia de Política Industrial 2010-2015, firmada en 2010 por la Generalitat, Cierval y los sindicatos, que, según ha dicho, se encuentra "prácticamente paralizada".