La exconcesionaria del aeropuerto de Castellón estudia ir a concurso de acreedores

Concesiones Aeroportuarias (Conaer), la empresa que ha construido el aeropuerto de Castellón y que debía gestionarlo durante los próximos 47 años, estudia declararse en concurso voluntario de acreedores tras la ruptura del contrato de concesión, según fuentes vinculadas a sus socios.

El motivo es que Conaer se encuentra sin aeródromo, ya que desde el pasado 31 de marzo es propiedad de la Generalitat a través de la empresa pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), y sin otra expectativa de ingreso que una indemnización incierta que se antoja lejana, vistas las diferencias entre las partes.

Según estas fuentes, Conaer debe 8,5 millones de euros a las constructoras -FCC y Lubasa- por los sobrecostes autorizados, 34 millones a un grupo de bancos encabezados por Santander y 44 millones a la propia Aerocas, que le concedió un préstamo participativo. Su inversión en el aeropuerto fue de 120 millones, 8,5 más de los presupuestados, por los imprevistos. Aerocas invirtió otros 30 millones.

Conaer, controlada por Globalvía -grupo de FCC y Bankia-, demandó a la Generalitat el pasado 28 de diciembre por incumplir un contrato de marzo de 2011 por el que debía garantizar el compromiso de Aerocas de cubrir las pérdidas de la concesionaria durante los primeros ocho años de explotación. El contrato era una novación del firmado en 2003, solicitada por Conaer al considerar roto el "equilibrio económico" debido a retrasos no imputables a ella.

Según ha podido saber elEconomista, la concesionaria pidió resolver el contrato en diciembre de 2010 debido no solo a los sobrecostes, sino a que las previsiones iniciales de pasajeros -600.000 el primer año y un millón a partir del sexto- se habían reducido notablemente debido a la crisis económica y a la paralización de proyectos inmobiliarios en Castellón.

Además, estaba muy presente lo ocurrido con el aeropuerto de Ciudad Real y las dificultades que atraviesan otros aeródromos de similar tamaño.

Previsiones a la baja

La empresa planteó como alternativa una novación que le cubriese las pérdidas de los primeros años, que es lo que se firmó. En el nuevo contrato se le daba la opción de renunciar a la concesión a partir del sexto año, cobrando el total de la inversión realizada menos la parte amortizada.

El acuerdo se sustentaba en un nuevo plan económico-financiero que preveía unas pérdidas de 4,88 millones el primer año completo (2012) que irían decreciendo hasta 2017, con beneficios a partir de ese año. El plan se basaba en un tráfico de unos 350.000 pasajeros el primer año que iría aumentando paulatinamente hasta un millón en 2019.

A pesar de ser unas estimaciones muy inferiores a las de 2003, el Gobierno de Alberto Fabra vio lo ocurrido en otros aeropuertos y temió que el coste para las arcas públicas fuera el máximo previsto en el contrato, 8 millones anuales durante los primeros ocho ejercicios, por lo que decidió no otorgar la garantía y dar por resuelta la concesión.

La duda es si la ruptura le va a salir a la Generalitat aún más cara. Con las pérdidas previstas por la concesionaria en el plan económico-financiero, incluidos los 3,88 millones de 2011 -la concesión empezó a operar el 1 de abril, aunque todavía no haya aviones-, la Generalitat habría tenido que pagar 20 millones, o hasta 64 millones si no se cumplían las previsiones.

La filial de Globalvía, en la que participan Lubasa, PGP y Abertis, va a pedir de indemnización al menos 80 millones, correspondientes al capital aportado por los socios -33 millones-, el préstamo de 34 millones, los 8,5 de sobrecostes que aún debe a las constructoras y los 3,88 de pérdidas de 2011.

Además, estudia pedir una indemnización por lucro cesante. Por último, Aerocas debería asumir su préstamo de 44 millones, con lo que el coste final para la Generalitat ascendería a, al menos, 124 millones.

Desde el Ejecutivo autonómico se ve de otra manera, ya que se considera que el aeropuerto ha pasado a ser propiedad de la empresa pública Aerocas desde el 1 de abril de 2011 y el pago al que tenía derecho Conaer era el derecho de concesión durante 47 años, no una cantidad económica. Al haberse roto el contrato, las partes deben valorar cuánto vale ese derecho, o que lo establezca un árbitro o un juez, como probablemente ocurra.

Se busca operador

Mientras, Aerocas continúa las gestiones para poner en marcha el aeropuerto la próxima primavera. Con el asesoramiento de Deloitte, ultima los permisos con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) y tiene ya una oferta de Saerco para gestionar la torre de control, aunque el concurso aún está abierto, igual que otros contratos preceptivos, como el de control de fauna.

No obstante, el reto más importante es encontrar un operador de la terminal. En cuanto a las compañías aéreas, no habrá problemas con los vuelos charter, pero sí para atraer vuelos regulares, ya que compañías como Ryanair exigen ayudas millonarias que la Generalitat tendría que habilitar.