El puerto de Valencia lleva al TSJ el rescate de la concesión de Boluda para su nueva sede

Los tribunales tendrán que decidir sobre la tramitación para llevar a cabo la nueva sede de uno de los grandes operadores marítimos valencianos, el Grupo Boluda, después de que la Autoridad Portuaria de Valencia haya instado un procedimiento de lesividad para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dirima sobre si es válida la tramitación del rescate de su antigua concesión o debería haber optado por la caducidad de la misma.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado incoar un "procedimiento de lesividad contra las resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre rescate de concesiones titularidad de Unión Naval de Valencia".

Un acuerdo que supone en la práctica pedir al Ministerio de Transportes que traslade al TSJ autonómico si el acuerdo por el que se aprobó esa operación en 2018 para recuperar el uso del suelo de la empresa del Grupo Boluda a cambio de entregarle otra concesión para levantar sus nuevas oficinas es lesivo para los intereses públicos.

La decisión del consejo se debe a un informe de la Abogacía del Estado que criticaba la fórmula empleada al considerar que no se había estudiado en profundidad la opción de la caducidad de la concesión, ya que hacía años que el astillero no operaba como tal, aunque Boluda seguía utilizando parte de las instalaciones para actuaciones en sus remolcadores.

Si finalmente el TSJ considera que la caducidad era la fórmula correcta, la permuta de las concesiones no será efectiva y deberá tramitarse una nueva para el complejo de oficinas.

El rescate valoraba en 5 millones de euros en concesiones la contraprestación de la permuta de unos terrenos por otros. El propio Vicente Boluda es consejero de la Autoridad Portuaria de Valencia, aunque según el organismo no tomó parte en las decisiones sobre ese rescate.

Terminal de cruceros

Esta decisión también puede afectar a los plazos para la nueva terminal de pasajeros que se adjudicó Baleària, ya que precisamente ese era el destino de la mayoría del suelo. La Autoridad Portuaria ha pedido al ministerio que permita continuar con ese proceso, aún no adjudicado formalmente, ya que decida lo que decida el TSJ sobre la fórmula legal de tramitación el suelo en todo caso revertirá al propio puerto.

Baleària tiene previsto invertir 37 millones de euros en esa terminal destinada tanto a ferris como a cruceros junto a Global Ports Holding.