Moncloa desbloquea la venta de Talgo a Sidenor con la entrada de la SEPI

Los presidentes del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, han cerrado el acuerdo que garantiza la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la operación de Talgo. En una reunión en Madrid, ambos presidentes han desbloqueado así la gran incógnita todavía pendiente para facilitar la adquisición del 29,7% del fabricante de trenes español por parte del consorcio empresarial vasco formado por la siderúrgica Sidenor, las fundaciones bancarias BBK y Vital, y el propio Ejecutivo regional a través de su fondo Finkatuz.

Así lo anunció el propio Pradales en una rueda de prensa desde La Moncloa, donde descartó hacer públicas las condiciones concretas del acuerdo, "porque se tiene que materializar y le corresponde al Gobierno español dar los detalles". El lehendakari se limitó a confirmar que ha "encauzado definitivamente la participación de la SEPI para mantener Talgo en Euskadi", donde el holding público actuará como "acompañante de la operación industrial".

Las dudas de la Sepi

En las últimas semanas, el holding público presidido por Belén Gualda se mostró reticente a participar en el acuerdo diseñado entre Moncloa y Vitoria, y exigió a todos los actores implicados que cumplieran una serie de hitos para dar estabilidad a la compañía y frenar las presiones gubernamentales.

El primero de ellos consistía en que el consorcio vasco que aspira a tomar el 29,8% a cambio de 153 millones de euros formalizase su entrada en el accionariado, algo que todavía no ha hecho pese a que hace ya cinco meses firmó el preacuerdo de compraventa con Trilantic, el fondo vendedor.

El segundo: que el momento para conceder el préstamo no coincidiera con la llegada de los nuevos socios, sino que se ejecute tiempo después, de modo que el apoyo pueda considerarse una inyección que refuerce su estructura de capital, y no un rescate que pueda ser catalogado como ayuda de Estado por parte de las instituciones europeas, lo que dificultaría su acceso a licitaciones.

Pero los vascos tenían su propio timing y la cita entre Sánchez e Pradales estaba llamada a ser el impulso definitivo, como finalmente se confirmó, sin que ninguna de las partes haya revelado detalles adicionales a cierre de esta edición.

Cambio de condiciones

Tras revisar las cuentas de la industria ferroviaria, Sidenor y sus socios se encontraron con que su pretendida entrada en el capital tenía trampa: Talgo debía hacer frente a una multa de 116 millones de Renfe por retrasar la entrega de los trenes Avril —resuelta con un aplazamiento del pago hasta 2031 y con desembolsos durante los siete años siguientes—.

A ello había que sumar una deuda creciente, que supera los 400 millones de euros, y una refinanciación muy incierta dadas las circunstancias de la empresa y las dificultades expresadas por los bancos. El pool formado por más de 20 entidades reclamó avales adicionales para dar su visto bueno al cambio de administración. Y, dada la injerencia gubernamental que ha condicionado esta historia desde hace año y medio, la solución pasaba por garantías públicas.

Visto el percal, el presidente de Sidenor y principal valedor de la operación, José Antonio Jainaga, recurrió a quienes previamente habían acudido a él. PNV y PSOE diseñaron un acuerdo que incluía la concesión, por parte de la SEPI, de un préstamo participativo y convertible a precios de mercado. Sus intereses rondarían el 5% para evitar que fuera considerado ayuda de Estado. En caso de impago, una tercera parte de la empresa pasaría a manos públicas.

A esta circunstancia, que mantenía bloqueada la operación, se sumó la crisis política abierta por el caso Santos Cerdán, lo que llevó al PSOE a replegar posiciones y forzar como fuera el apoyo de sus socios. Talgo, que es una operación estratégica para el PNV, era, una vez más, la excusa perfecta.

La SEPI se negó a aportar los 150 millones inicialmente pactados y redujo su contribución a la mitad. En paralelo, invitó al consorcio vasco a cubrir los 75 restantes. El PNV denunció públicamente la situación y acusó a los socialistas de obstaculizar el acuerdo.

Ajuria Enea movió ficha a toda prisa y aseguró su parte del préstamo en 48 horas, asegurándose financiación privada de bancos como Kutxabank, que aportarán otro préstamo a los socios del consorcio a un 7% de interés, según informó El Correo.