Adif rechaza divulgar la cifra de trenes rescatados en incidencias

El Ministerio de Transportes y Adif Alta Velocidad se han negado a difundir el número de circulaciones extraordinarias de rescate realizadas por sus locomotoras en la red de alta velocidad entre 2023 y 2025 durante las distintas incidencias que afectaron a la circulación de trenes, amparándose en el perjuicio económico y reputacional que ello podría suponer para los operadores ferroviarios privados y públicos que prestan servicio en la red ferroviaria, como Renfe, Ouigo e Iryo. La resolución, fechada el 6 de mayo de 2025 y recibida ayer, responde a una solicitud de información formulada por elEconomista.es bajo la Ley de Transparencia y alega que hacer públicos los rescates por operador y fecha afectaría a la competencia en el mercado liberalizado.

Esta negativa se produce en un contexto especialmente sensible para el sector ferroviario, tras varios episodios de incidencias en la infraestructura y la operación que han paralizado la red ferroviaria de alta velocidad en los últimos meses. Los últimos ocurrieron el lunes por la noche, cuando la caída de una catenaria a la altura de La Sagra obligó a detener la circulación de más de 30 trenes que circulaban entre Madrid, Toledo y Andalucía.

Ayer miércoles, otros dos incendios en La Encina (Alicante) y en Tarragona, entre Alcover y Reus, paralizaron varios tramos de las redes convencional y de alta velocidad, afectando a trenes de viajeros y mercancías, entre ellas las relaciones Madrid-Alicante y las del Corredor Mediterráneo. Las reiteradas incidencias han encendido las críticas de los usuarios y han puesto el foco sobre la capacidad de respuesta del sistema ante fallos técnicos, especialmente cuando requieren la intervención de locomotoras de rescate operadas por Adif.

Según el organismo público, la divulgación desagregada de esos datos podría permitir "inferencias sobre el rendimiento técnico, la fiabilidad del servicio y la gestión interna de cada operador". Este análisis, según Transportes, podría ser explotado con fines comerciales por parte de competidores o influir en las decisiones de los usuarios, lo que representa un daño económico que, en su opinión, no queda justificado por el interés público en la transparencia.

La resolución invoca expresamente el artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013, que permite denegar información cuando afecte a "los intereses económicos y comerciales". El documento también remite a la doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que avala el uso de este límite cuando los datos solicitados revelan "aspectos sensibles de la estrategia, funcionamiento o desempeño" de entidades que operan en entornos competitivos.

Adif va más allá al afirmar que, incluso sin contener información confidencial explícita, los datos agregados podrían permitir identificar patrones críticos en la red, como franjas horarias o localizaciones con mayor incidencia. Además, advierte de un "riesgo significativo" si esta información cae en manos de terceros ajenos a la infraestructura, al poder comprometer la integridad del sistema e impedir la prevención de eventuales ilícitos penales o disciplinarios.

En el nuevo escenario de competencia ferroviaria en España, la resolución también subraya la asimetría informativa entre Renfe —empresa pública sujeta a mayor exigencia de transparencia— y sus competidores privados, como Ouigo e Iryo, que no están obligados a publicar datos equivalentes. Según Adif, divulgar información sensible sobre Renfe podría dejarla en desventaja comercial frente a sus rivales.

En consecuencia, Transportes concluye que no se cumple el "test de interés público" requerido por la ley para superar el límite impuesto. Es decir, el interés general en conocer cuántas veces se ha necesitado una locomotora de rescate en la red de alta velocidad no prevalece frente al daño potencial para los operadores. Mientras tanto, los datos sobre el funcionamiento del sistema de rescates ferroviarios seguirán bajo llave.