La Generalitat ordena una inspección para comprobar la cifra real de pisos turísticos

Los pisos turísticos vuelven a estar en el disparadero. A cambio de aplazar el aumento de la tasa turística hasta octubre, los comunes han logrado que el PSC autorice una auditoría para conocer la cifra real de apartamentos vacacionales que operan en Cataluña. "Incrementar el programa de inspección y control en relación con la liquidación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos vinculado a los apartamentos turísticos", recoge el comunicado posterior al encuentro entre la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y la líder de los comunes, Jéssica Albiach.

En principio, la cifra manejada por la propia Generalitat es de unos 100.000, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) rebaja a la mitad. En Barcelona ciudad hay 10.101 autorizaciones de pisos turísticos que suponen el 40% de alojamiento regulado en la capital.

En un comunicado, Apartur, que representa a los propietarios de licencias de Barcelona, ha apoyado que la Generalitat verifique el volumen de viviendas turísticas activas, pero también ha mostrado sus críticas. "Una campaña especial de control tributario de la liquidación del impuesto turístico para las viviendas turísticas, en vez de para todas las modalidades de alojamiento, (...) supone una nueva estigmatización del sector", sostiene la entidad.

Conviene recordar que Apartur lucha para evitar su extinción en Barcelona capital. El alcalde Jaume Collboni ha anunciado que a partir de 2029 se eliminarán todos los apartamentos en la ciudad con el argumento de combatir la falta de vivienda de alquiler.

Este censo e inspección solo es una de las contrapartidas conseguidas por la formación izquierdista a cambio de avenirse a posponer la aplicación de la tasa turística. El acuerdo también contempla destinar 60 millones de euros en el tercer suplemento de crédito a políticas de vivienda (30 millones en tanteo y retracto y 30 millones para el fondo de cooperación local de este año); la aceleración de la puesta en marcha del registro de grandes tenedores, que se deberá hacer efectivo en un plazo de tres meses, y una convocatoria del Plan de Barrios entre junio y julio de este año con el fin de que llegue a 20 municipios al año.

El caos de la tasa turística

Este pacto PSC-comunes pone fin (de momento) al caos por el gravamen turístico desencadenado después de que los socialistas, en minoría parlamentaria, pactaran primero con los comunes su aumento y luego, al buscar el apoyo de ERC, se toparan con que los independentistas eran contrarios a la medida impositiva. La solución salomónica ha consistido en salvar la campaña veraniega y tramitar la tasa turística como proyecto de ley en vez de como decreto para introducir así enmiendas en el texto.

Fuentes de ERC consultadas por elEconomista.es recuerdan que "no es lo mismo Barcelona, que tiene temporada alta todo el año, que municipios costeros o del Pirineo". La voluntad de los republicanos es que no se produzca una subida lineal sino que se atiendan todas las realidades del territorio. Esta propuesta esta más alineada con los operadores del sector.