Andalucía adelantará el dinero para el transporte gratuito infantil y presentará un recurso si el Gobierno no rectifica

La Junta de Andalucía financiará con recursos propios la gratuidad del transporte público para menores de 14 años a partir del 1 de julio, tras ser excluida por el Gobierno central de las ayudas contempladas en el Real Decreto-ley 1/2025. La decisión llega en un contexto de tensión institucional creciente entre ambas administraciones, con acusaciones cruzadas y un nuevo frente jurídico en el horizonte.

Según ha confirmado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, la comunidad adelantará el dinero necesario para que la medida entre en vigor en verano, pero prepara un recurso legal para recuperar los fondos si el Ministerio de Transportes no revierte su decisión.

El Ministerio ha justificado la negativa en un supuesto incumplimiento del artículo 7.2.a del decreto, una interpretación que la Junta considera "injustificada y arbitraria". "Estamos hablando de un agravio comparativo muy grave. No se puede castigar a Andalucía por criterios opacos. Si no lo rectifican, iremos a los tribunales", ha asegurado la consejera tras el Consejo de Gobierno.

Más de un millón de menores beneficiados

La medida beneficiará a más de 1,2 millones de menores en Andalucía, una comunidad con tasas de pobreza infantil superiores a la media nacional. Desde organizaciones como Unicef se insiste en el valor estratégico del transporte gratuito como herramienta de inclusión social y acceso a servicios básicos.

Hasta hace unos días, la propia Junta había advertido de que no asumiría el coste de la medida sin el respaldo del Estado. El cambio de postura responde, según Carolina España, al compromiso político de garantizar la igualdad territorial y evitar que los menores andaluces "paguen las consecuencias de una decisión política injusta".

La consejera ha cargado duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha calificado de "infantil" y le ha reprochado su "pataleta política" por negar las ayudas a Andalucía. "Un ministro no puede estar permanentemente insultando a cargos públicos. Tiene que comportarse de forma seria", ha reclamado. Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha respaldado la decisión y ha exigido al Ejecutivo central "altura de miras" para corregir un "trato desigual que se está convirtiendo en sistemático".

El tren litoral, una demanda histórica

La polémica por el transporte gratuito se suma a otro frente abierto entre ambas administraciones: el proyecto del tren de la Costa del Sol, una de las infraestructuras más reclamadas por el empresariado andaluz y por los municipios de la comarca.

Actualmente, la Costa del Sol Occidental, que concentra núcleos turísticos y poblacionales como Marbella y Estepona, no cuenta con un sistema ferroviario que conecte su litoral al completo y con la capital. La única opción de transporte público es el Cercanías entre Málaga y Fuengirola, mientras que el resto de la costa depende del vehículo privado, colapsando la autovía A-7, especialmente durante la temporada alta.

"La Costa del Sol tiene una presión poblacional brutal. Si el Gobierno no es capaz de hacer el tren litoral, que nos lo digan. Estamos dispuestos a asumirlo, pero con financiación", ha afirmado el presidente de la Junta. Desde el Ministerio, sin embargo, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recordado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy —en el que Moreno fue secretario de Estado— "tampoco movió un dedo" por este proyecto. "Este Gobierno al menos ha iniciado estudios", ha replicado.

A pesar de estos anuncios, no existe a día de hoy un compromiso presupuestario firme, ni una hoja de ruta con plazos. El resultado es una sensación de estancamiento que alimenta el malestar en uno de los territorios más dinámicos de Andalucía, clave para el turismo, la inversión inmobiliaria y la actividad económica.

Infraestructuras y cohesión territorial

La doble controversia —transporte infantil y tren litoral— ilustra un problema de fondo que la Junta lleva tiempo denunciando: la falta de una financiación equilibrada que atienda a las necesidades reales de una comunidad de más de 8,5 millones de habitantes. La consejera Carolina España ha insistido en que no se puede seguir avanzando hacia una "España a dos velocidades", y ha exigido al Ejecutivo central "transparencia, equidad y voluntad de acuerdo".

Con todo, la consejera ha dicho que en el Gobierno andaluz confían en que el Ministerio de Transportes "dé marcha atrás en su amenaza" y "rectifique cuanto antes, hoy mejor que mañana, porque de lo contrario va a tener que acabar dando explicaciones", y "no sólo ante la sociedad andaluza", sino también "ante los tribunales", según ha advertido.