Transportes y Turismo

La Junta estudia llevar a los tribunales la negativa del Gobierno a unir por autovía Ávila con la A-6

  • Transportes rechaza las dos alternativas existentes y propone desdoblar la N-403
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible

elEconomista.es
Ávila,

La Junta de Castilla y León estudia interponer un recurso potestativo de reposición ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante la decisión del Gobierno de España de no conectar Ávila con la Autovía del Noroeste (A-6) mediante un tramo de unos 25 kilómetros de autovía desde la capital hasta Adanero.

El Ministerio publicaba el pasado lunes una resolución de fecha 27 de marzo en la que descartaba las dos opciones para ejecutar la conexión. A cambio, el departamento que dirige Óscar Puente propone mejorar la N-403.

Esto obligará a redactar un nuevo estudio informativo para abordar alternativas que permitan mejorar la conexión de Ávila con la autovía A-6, en Adanero, basadas en el acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de la carretera N-403 y la reordenación de accesos.

Entre otras, se estudiarán variantes de trazado o la conversión de la N-403 en carretera 2+1. Según la DGT, "las carreteras 2+1 son aquellas que disponen de tres carriles: uno para cada sentido de la circulación, y otro central, destinado a la los adelantamientos, que se alterna entre uno y otro sentido de la circulación. Además, ambos sentidos están separados por una barrera física.

Técnicos jurídicos del Ejecutivo autonómico consideran que el Gobierno utiliza como coartada el artículo 15 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras, que obliga a que los estudios informativos contengan un análisis coste-beneficio para rechazar la realización de esta conexión. "Es un contrasentido que utilicen este artículo 15 para argumentar la no ejecución de ninguna de las dos alternativas incluidas en el estudio informativo y que eran funcionalmente viables", remarca el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.

El consejero afirma que "se trata de una decisión política que perjudica notablemente los intereses de la Comunidad, en especial de los ciudadanos de la provincia de Ávila", e insta al Ejecutivo central a que "rechace hacer un nuevo estudio informativo que daría lugar a unos plazos inasumibles y trabaje en desarrollar algunas de las dos alternativas".