Sevilla limita los pisos turísticos al 10% de cada barrio: caben 7.000 nuevos, pero ni uno en el centro o Triana

Ningún barrio de Sevilla tendrá más de un 10% de viviendas de uso turístico sobre el total del parque residencial. En el centro histórico y Triana, en palabras del alcalde José Luis Sanz, "no cabe ni una más" con este criterio. Pero sí en otros distritos. ¿Cuántas? Según los cálculos del concejal de Urbanismo, Juan de Rosa, unas 7.000 "como mucho", que se suman a las 9.695 ya inscritas en el Registro Oficial de la Junta. Son las cuentas del acuerdo adoptado hoy en el Pleno municipal, aprobado por el gobierno en minoría del PP con apoyo de Vox, y los votos en contra de PSOE y Con Podemos-IU.

La polémica llega por un informe municipal elaborado en el primer cuatrimestre del año, que identificó 32.400 viviendas que potencialmente podrían encajar en este mercado con la regla del 10%. Si se les restan las que ya existen, salen hasta 22.705 inmuebles nuevos con opciones. El concejal de Urbanismo del PP, Juan de la Rosa, indica que después de ese informe se han incluido nuevos límites en cuanto al número máximo en las zonas de 'alto esfuerzo familiar' -donde se invierte más del 30% del sueldo en la vivienda-, en las zonas acústicamente saturadas y en las patrimoniales. Además, sólo pueden ubicarse en bajos y primeros pisos, estando prohibidas a más altura. Y hay barrios en los que apenas tendrían tirón. De ahí sale esa estimación de 7.000, no 22.000. La normativa establece además una revisión trimestral de los porcentajes para mantener el sector controlado.

La oposición esgrime sin embargo ese informe que identifica hasta 32.400 viviendas de esta naturaleza para oponerse a la ordenanza.

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AVVA Pro) asegura que esta norma supone una "solución parcial" que no resuelve el impacto del turismo masivo, "pues hay otras modalidades de alojamiento que continúan creciendo". Aun así, desde este colectivo se valora "este paso adelante".

Más control

El Gobierno municipal, antes de que esta nueva normativa entre en vigor, ya ha tomado medidas como solicitar a la Junta de Andalucía la descalificación de 715 viviendas de uso turístico inscritas después de marzo de 2022 que no se ajustan a la modificación 44 del PGOU (fundamentalmente por estar en segundos pisos o más arriba).

También se ha impulsado un sistema para detectar viviendas de uso turístico ilegales a través del cruce de datos de inspección con la Consejería de Turismo y aplicar también la disciplina urbanística en colaboración con la Junta. A algunos de estos ilegales detectados ya se les cortado la luz y el agua.

Otra de las medidas son la apertura de un canal de denuncias con el Colegio de Administradores de Fincas y la puesta en marcha de un Plan de Inspección con Policía Local y Adscrita sobre viviendas turísticas ilegales.

Asimismo, desde el Consistorio se aplicará también normas disciplinarias en colaboración con Emasesa, así como un aumento del IBI, tasas de basura y precio del agua. Se asignarán, además, inspectores de la Gerencia de Urbanismo a las inspecciones de las viviendas de uso turístico con un plan específico.