Cuatro cooperativas demandan al Ayuntamiento de Madrid por denegar licencias de taxis adaptados

Cuatro cooperativas sociales han recurrido ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid la negativa del Ayuntamiento de Madrid a otorgar doce licencias de taxi adaptado (eurotaxi) después de que el gobierno de Almeida rechazara aumentar la flota de este tipo de vehículos pese a que los colectivos de personas con movilidad reducida reclaman aumentar su número ante la insuficiente oferta. Este recurso llega unos días después de que la CNMC diese un toque al consistorio de la capital por denegar la concesión de nuevas licencias pese a las reclamaciones de los usuarios.

Según reclaman los colectivos demandantes, la normativa vigente desde 2007 establece que al menos el 5% de la flota de taxis debe estar adaptada para el uso de personas con movilidad reducida. Sin embargo, actualmente solo el 2,5% de los taxis madrileños cumplen con esta disposición, lo que representa apenas 400 eurotaxis de un total de 15.500 licencias, un número "insuficiente" a su parecer.

Además de ser inferior a lo estipulado por la ley, esta cifra ha permanecido estancada desde 1980 sin nuevas emisiones de licencias, lo que ha llevado a una situación crítica dado el decreciente número de vehículos adaptados, el envejecimiento de la población y el crecimiento demográfico y económico de la región. Los afectados consideran que esta situación limita la oferta de movilidad puerta a puerta y disminuye la capacidad de los usuarios con movilidad reducida para viajar de forma independiente.

Para tratar de solventar este conflicto, las cooperativas demandantes, dedicadas al transporte, presentaron cuatro solicitudes para adquirir tres nuevas licencias cada una para operar eurotaxis que fueron rechazadas por la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

El consistorio motivó su rechazo basándose en el decreto de 2005 que limita las licencias a un máximo de 2 por cada 1.000 habitantes, y remitió a los interesados a adquirir licencias en el mercado secundario, donde el coste por licencia puede alcanzar los 150.000 euros, sin contar el precio adicional de un vehículo adaptado. Su negativa ha sido recurrida ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, y según confirman a este medio, ya ha sido admitida a trámite.

En su reclamación, las demandantes ha alegado que el consistorio madrileño "no ha acreditado la necesidad y proporcionalidad de estas limitaciones impuestas al acceso a la actividad de taxi/eurotaxi en las normas vigentes ni ha considerado y efectuado un análisis de idoneidad de otras medidas menos restrictivas".

Las sociedades de economía social que presentaron la reclamación también consideran que "las limitaciones cuantitativas al otorgamiento de nuevas licencias o cupo para el acceso a la actividad de taxi/eurotaxi, basadas en ratios de población (2/1000) o en la protección económica de los actuales tenedores de licencias, son contrarias a los principios de necesidad y proporcionalidad (...) y vulneran la legislación de la Unión Europea", tal y como puso en cuestión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus recientes sentencias por las que declaró nula la ratio 1/30 entre VTC y taxi.

Al mismo tiempo que se producía esta demanda, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han constituido una mesa de trabajo que aborde la situación del taxi adaptado, sin que por el momento hayan trascendido sus conclusiones o soluciones.