Transportes y Turismo

Cabify anula las restricciones a las VTC en Valencia tras recurrir al TSJ

  • La justicia tumba la obligación de precontratar con una hora de antelación
  • También echa por tierra el cerco a la geolocalización como modo de captación
  • LA CNMC ya avisó de que la normativa era muy restrictiva en comparación con la aplicada a los taxis

Cristian Reche
Madrid,

Nuevo varapalo contra los ayuntamientos que regularon las licencias VTC (vehículos de transporte con conductor) en plena expansión de las plataformas de movilidad. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha decidido anular parcialmente la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia que fue aprobada en 2021 y que obligaba a compañías como Cabify y Uber a precontratar con una hora de antelación.

En una reciente resolución consultada por elEconomista.es, el tribunal estima parcialmente un recurso de Cabify España y empresas tenedoras de licencias (Vector Ronda Teleport S.L., Miurchi Car S.L. y Chofers Cars Costa del Sol S.L) y anula hasta seis puntos de esta ordenanza, entre ellos la obligación de precontratar los servicios de VTC con una antelación mínima de una hora (artículo 2.a) o que cada vez que se sustituya un vehículo VTC se haga por otro con la clasificación ambiental de Cero Emisiones (2.f).

Pero el fallo, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, va más allá y anula también la obligación de estacionar en aeropuertos, centros comerciales y otros lugares de gran concentración a menos de 300 metros y la prohibición de la captación de clientela mediante geolocalización. "Es una medida que redunda en beneficio de los consumidores en cuanto que les permite descubrir entre los distintos proveedores de servicios el que le ofrece menor tiempo de espera", defiende el tribunal.

La normativa no solo contaba con el rechazo de las empresas VTC. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) acordó recurrir esta decisión del Ayuntamiento de Valencia, por, en su opinión, instaurar un "requisito más restrictivo que la propia normativa autonómica y que no aplica para los taxis".

Tras conocerse la postura del regulador de los mercados, el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, defendió su actuación y aseguró que mantendría intacta su regulación. Este miércoles, Grezzi explicó que "la sentencia nos ha generado mucha perplejidad y la vamos a recurrir, porque no compartimos los argumentos de la misma. No se pueden equiparar dos tipos de servicios (VTC y taxis) que son muy diferentes".

La resolución llega en un momento en el que la convivencia entre las VTC y los taxis sigue provocando tiranteces. Cientos de taxistas participaron el pasado jueves en València en una concentración con el objetivo de protestar por la "competencia ilícita" que a su juicio ejercen los coches de Uber y Cabify en la región, porque, según aseguraron, operan sin autorización o con la licencia caducada.

Valencia es una de las ciudades con más licencias VTC, aunque en la actualidad solo opera Cabify, ya que Uber anunció en su momento que abandonaba la ciudad y Bolt, la última empresa en incorporar este tipo de transporte, todavía no ha entrado. De acuerdo a los registros del Ministerio de Transporte, la Comunidad Valenciana cuenta con 783 autorizaciones de este tipo -es la cuarta zona de España, por detrás de Madrid, Barcelona y Andalucía- y 4.634 taxis.

Sentencias anteriores

Esta resolución es similar a la que la propia Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) emitió para anular la disposición adicional segunda de la ordenanza del Ayuntamiento de Elche. Los requisitos de este consistorio también obligaban a precontratar estos servicios.

En febrero, el Tribunal Supremo se pronunció en el mismo sentido al examinar el recurso de casación presentado por el Gobierno vasco, la Asociación Nacional del Taxi y la Federación Vasca del Taxi contra una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. "Dificulta de forma extraordinaria para las VTC el acceso al mercado", afirmó el alto tribunal.