Transportes y Turismo

El Gobierno valenciano tumba un 'resort' de salud de 155 millones en Castellón

  • Rechaza tramitar el complejo que incluía centros de salud, hoteles y balneario
  • Aduce que el promotor no justifica los recursos financieros necesarios
  • La empresa ha anunciado su intención de recurrir la decisión
Imagen aérea de la costa de Moncofa.

Ángel C. Álvarez
Valencia,

Los planes de la empresa Residential Golf & Spa Valencia (RGSV) para promover un complejo ligado al turismo de salud con un balneario, varios centros médicos, tres hoteles y apartamentos vuelven a chocar con la Administración valenciana. Pese a que la propia Secretaría de Turismo de la Generalitat Valenciana amparó el proyecto, que prevé una inversión de 155 millones de euros para su desarrollo en Moncofa (Castellón), para que se tramitase con la figura creada para agilizar las autorizaciones, ahora el Gobierno valenciano ha rechazado su tramitación.

La Dirección General de Política Territorial y Paisaje, dependiente de la Consejería de Política Territorial, se basa fundamentalmente en que el promotor no ha satisfecho "la necesidad de justificación de los recursos financieros", por lo que deniega su trámite como Proyecto de Inversión Estratégica Sostenible (PIES). La resolución, fechada el pasado 21 de septiembre, llega un año y 9 meses después de la solicitud para la tramitación y desvela los problemas de la propia Administración valenciana para valorar la viabilidad económica de estos proyectos.

La fórmula administrativa anterior, denominada ATE, fijaba como criterios los mismos requisitos de solvencia técnica y económico-financiera exigibles al agente urbanizador en la normativa urbanística para desarrollar un Plan de Actuación Integral (PAI). Sin embargo, la propia Abogacía de la Generalitat dictaminó que esto no es aplicable en el caso de los PIES y que el informe de viabilidad económica debía ser emitido por el departamento competente vinculado a los objetivos del PIES, es decir, en este caso Turismo. Además, estipula que posteriormente Política Territorial se pronunciará sobre "la suficiencia de los recursos financieros y los costes externos".

El expediente revela que inicialmente se solicitó el informe de viabilidad económica a la Consejería de Economía, que se desentendió al considerar que no era su competencia y "no disponer de medios humanos necesarios" para poder elaborarlo. El departamento lo solicitó entonces a Turismo, dependiente de la propia Presidencia de la Generalitat, que señaló que no era posible emitir ese informe con la documentación del promotor pese a haber informado favorablemente con anterioridad.

Los motivos

En la resolución que deniega la tramitación al promotor se hace hincapié en la falta de documentación financiera y de sostenibilidad económica que respalde el proyecto de RSGV, "no existiendo ningún compromiso en firme que justifique que el promotor disponga de recursos financieros necesarios para hacer frente a la actuación". Respecto a las cartas de intenciones de empresas especializadas en la gestión de este tipo de instalaciones de salud y bienestar, para la Administración "únicamente manifiestan las buenas intenciones de los firmantes a colaborar" con el promotor "sin ningún compromiso firme". La resolución también destaca otras carencias en los requisitos exigidos, como la falta de informes sobre el impacto en las redes de transporte o en zonas inundables.

RGSV ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión del departamento de Política Territorial al considerar que no es posible recabar apoyos financiero de este tipo de socios sin garantizar el inicio de la tramitación. Desde la firma promovida por el empresario local, Teófilo Díez-Caballero, se apunta a la posibilidad de ofrecer parte del suelo como garantía a la Administración para poder continuar con el proyecto, bautizado como Valencia Resort Integrado y que apoya el Ayuntamiento de Moncofa.

El complejo previsto contemplaría cuatro centros médicos, un balneario, tres hoteles y cinco apartahoteles, además de una zona deportiva, que permitirían diversificar el turismo tradicional de sol y playa. Según la firma supondría la creación de cerca de 900 empleos directos y otros 700 indirectos una vez en marcha.