Cabify denuncia que la resaca del Decreto Ábalos deja un reguero de indemnizaciones millonarias pendientes

Cabify denuncia que la resaca del Decreto Ábalos deja un reguero de indemnizaciones millonarias pendientes. La compañía de VTC señala que observa "con asombro" cómo se mantiene desde hace años un "maltrato continuo a este sector", a pesar de los beneficios que ha traído para los ciudadanos, empresas y turistas de las ciudades, ofreciendo alternativas de movilidad y reduciendo el uso de coches particulares.

De esta forma, la compañía solicitud de ampliación del plazo transitorio tras el impacto de la pandemia por parte de sindicatos, comunidades autónomas y patronales. 

En primer lugar, la compañía denuncia que "a un día para que termine el plazo transitorio del 'Decreto Ábalos', aún faltan varias comunidades autónomas por regular", lo que refleja que "no se ha cumplido uno de los principales objetivos de la norma: que las propias regiones regulasen los trayectos urbanos acorde a sus necesidades". ç

Algunas regiones están alegando que una regulación del sector abocaría a procesos judiciales y, de hecho, varias comunidades pidieron previamente al Gobierno central una moratoria para el sector por el impacto del Covid-19. También lo pidieron las patronales del sector, los sindicatos y los titulares de autorizaciones. Todas estas peticiones han sido ignoradas o rechazadas.

Consecuencias para la movilidad del Decreto Ábalos

El Real Decreto-Ley 13/2018 supuso el detonante de lo que ha ocurrido en estos últimos meses, denuncia la compañía, donde la necesidad de regular los trayectos urbanos por parte de las diferentes administraciones regionales ha dado como resultado la aprobación de regulaciones discriminatorias, contrarias a Derecho, emitidas como respuesta a presiones violentas y que olvidan el interés general y la mejora de la movilidad de las ciudades. La decisión del MITMA ha provocado que haya comunidades autónomas que hayan regulado el sector de la VTC sin tan siquiera tener en consideración al sector de la VTC, como ha ocurrido en Cataluña. O que haya regiones donde la precontratación no exige un tiempo mínimo de espera (Madrid), con precontratación impuesta de 15 minutos (Cataluña) o incluso de 60 minutos (Valencia). Todo ello sumado a otras exigencias o requisitos regulatorios que no persiguen mejorar la movilidad o facilitar su acceso, sino únicamente perjudicar al sector VTC.

La situación actual que atravesamos como sociedad requiere de mayores alternativas de movilidad urbana sostenibles e inclusivas. La eliminación de opciones perjudica a los ciudadanos y empresas, provocando mayor uso de otras opciones más contaminantes, principalmente coches particulares, y, con ello, mayores niveles de contaminación y el resto de problemas asociados que ello conlleva.