Andalucía cierra la concesión de nuevas licencias de VTC y no regula la contratación previa

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto ley por el que se modifica la Ley Ávalos, sobre Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por el que se regula el servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC). La Junta asegura que la norma "tiene como fin garantizar el beneficio del usuario y la convivencia en armonía entre el taxi y los VTC "teniendo claro que los VTC están limitados por ley a dar un servicio por precontratación", pero sin regular el tiempo mínimo (los taxistas pedían 15 minutos). De facto cierra la puerta a la concesión de nuevas licencias, pues establece que "no habrá más autorizaciones que las que ha concedido el Estado y sólo podrá haber nuevas en un futuro si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis". Actualmente hay una cada 2,7. Hay en la comunidad 3.256 licencias de VTC y 8.872 de taxi. Andalucía concentra el 19% de las autorizaciones de VTC que existen en España.

El decreto ley que finalmente Fomento ha llevado a Consejo de Gobierno recoge buena parte de las reivindicaciones del sector del taxi, salvo limitar las licencias ya existentes, establecer el tiempo mínimo de precontratación y excluir a los VTC del transporte urbano. Las empresas de VTC habían advertido de que si finalmente entraban en vigor esas limitaciones (precontratación, zonas de exclusión, requisitos sobre los vehículos ...) se pondrían en peligro 8.500 puestos de trabajo.

En un comunicado, la Junta de Andalucía explica que ha elaborado este Decreto ley "después de que el Gobierno de la Nación haya dejado en manos de las comunidades autónomas su regulación, al suprimir el servicio urbano de VTC a partir el 1 de octubre. La normativa andaluza se ha marcado como prioridad que el ciudadano tenga el mejor servicio, permitiendo, por un lado, que los VTC sigan trabajando, pero con unos requisitos para no dañar al taxi, y que este servicio público de interés general se vea también reforzado y asegurado".

Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se han debatido y negociado las medidas que se han incluido en este decreto desde 2019 con todos los implicados: el sector del taxi y los VTC, pero también con los municipios más afectados, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los sindicatos y otros agentes sociales.

Requisitos

El Decreto ley reúne una serie de requisitos para los VTC que aportan seguridad jurídica. Fomento explica que "evita medidas que han sido objeto de reclamaciones millonarias en otras comunidades, como la precontratación por tiempo que solicita el sector del taxi".

Además, el Decreto ley establece que se fijan zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

También se prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario sólo podrá  saber dónde está el VTC cuando lo contrate. Asimismo, los VTC tendrán que aportar  más información al registro, además de tener que superar los mismos requisitos de  capacitación que los taxistas, en aras de alcanzar la profesionalización del sector y una  mejor protección de los derechos de los usuarios. 

Coches de gama alta

Además, el Decreto ley establece que en el reglamento se fijarán características  técnicas para los nuevos vehículos VTC, que deben ser de color negro, sin rótulos ni  publicidad. En cuanto al tamaño, se fijan mínimos en la ficha técnica original del  fabricante del vehículo para evitar accesorios que aumenten la longitud –un mínimo de  4,9 metros, por lo que deberán ser de alta gama; 4,7 metros para híbridos/Eco y 4,5  metros para los cero-emisiones.  

Por su parte, en base a este Decreto ley, los ayuntamientos podrán establecer como  máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que  coincidan con los días de más demanda). Igualmente, se aplicará el régimen  sancionador del Estado, otorgando la potestad a los ayuntamientos para subir las  sanciones a los taxis sin licencia.  

La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de precios que evite  tarifas abusivas de los VTC en determinados momentos de gran demanda. En ese  sentido, se podrá establecer una tarifa máxima conforme a los principios de  proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de  consumidores y usuarios. Por último, se impone a las plataformas intermediarias la  responsabilidad indemnizatoria para velar por los derechos del consumidor, así como  tendrán que resarcir al cliente por la cancelación del servicio contratado. 

Modernización del taxi

Durante la pasada legislatura, el Gobierno andaluz ya trabajó en fortalecer el taxi con  un plan de modernización del sector, como la contratación por plaza y el pago individual,  el precio cerrado, la recogida de viajeros en municipios diferentes, la creación de áreas  de prestación conjunta del taxi o la implantación del transporte a la demanda en ámbito  rural con taxi, con 46 rutas en 70 municipios andaluces. Estas medidas, ya acordadas  por el sector, deben ponerla en práctica los ayuntamientos a través de sus ordenanzas  municipales.