Telecomunicaciones

Telefónica denuncia el alquiler con pérdidas fijado por la CNMC a sus postes y conductos

  • Prevé recurrir a la Audiencia Nacional por la imposición de unos precios que no cubren los costes
  • Las tarifas mayoristas revisadas por la CNMC y congeladas desde 2021 crean tensión en el sector 
  • MásOrange y Vodafone discrepan de la revisión, aunque justo por lo contrario de Movistar
Operarios en tareas de despliegue de fibra óptica. istock

Antonio Lorenzo
Madrid,

Telefónica España estudia recurrir ante la Audiencia Nacional la reciente revisión de la oferta mayorista de acceso a infraestructuras físicas realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según ha podido saber elEconomista.es de fuentes próximas al operador, los nuevos precios del uso de conductos, arquetas, cámaras y postes no permite cubrir los costes reales en los que incurre Telefónica España para ofrecer el servicio a los cerca de 370 compañías de telecomunicaciones españolas. El conjunto de estas empresas utiliza más de 120.000 kilómetros de canalizaciones y subconductos, así como alrededor de dos millones de arquetas de la filial española que preside Borja Ochoa.

El malestar en el seno de Telefónica España tiene su origen en la decisión de la CNMC, de finales del pasado junio, de aplicar un incremento del 11% en las cuotas mensuales de los operadores arrendatarios de las infraestructuras y un repunte del 14,6% en las tarifas no recurrente, como las altas de servicio. No obstante, la CNMC está analizando el acceso a las infraestructuras físicas cuya solución final deberá esperar a diciembre de 2025.

Hasta entonces, la contabilidad analítica -aprobada y auditada por el regulador sectorial- pone de manifiesto que el precio del alquiler supone mermas comerciales al suministrador de las canalizaciones y postes. Por ese motivo, Telefónica España planea acudir al órgano jurisdiccional situado en la madrileña calle Génova en defensa de sus intereses. Aunque en sentido contrario, ese movimiento también orbita entre los departamentos jurídicos de MasOrange y Vodafone, operadores que interpretan que las subidas de precios mayoristas, además de imprevisibles, también pueden impactar en las tarifas repercutidas al consumidor. Sobre esa consideración, fuentes cercanas al proceso regulatorio sostienen que "si se producen subidas de precios al cliente final, no serán atribuibles a esta revisión, sino a las políticas comerciales de cada operador".

Según datos del mercado, los importes por los alquileres de infraestructuras civiles de Telefónica apenas supondría para los operadores un 3% de los costes totales de sus despliegues de red. Además, para alcanzar los mismos fines, existe la opción de los operadores disconformes con los precios mayoristas de contratar infraestructuras de otros agentes ajenos a Telefónica, como son las compañías eléctricas, gasísticas o ferroviarias, por ejemplo.

Desde Telefónica España se considera que los precios revisados por la CNMC se sitúan por debajo de los existentes en junio de 2021, fecha de la anterior revisión, en la que las mismas tarifas se bajaron alrededor de un 25% de media, y tras un lustro altamente inflacionista- superior al 20% entre 2020 y 2025-, con incrementos de los costes de materiales y de mano de obra, necesarios para el mantenimiento de este tipo de obras civiles.

Clave del éxito de la fibra

La disponibilidad de estos activos resulta estratégica y beneficiosa para los operadores alternativos, ya que éstos han podido acceder a las infraestructuras con condiciones favorables, con los precios por debajo de mercado establecidos por el regulador. Entre otras ventajas, las redes pasivas de Telefónica permiten a los operadores comercializar su propia red en la práctica totalidad del país, pero sin tener que abrir zanjas, levantar el suelo de las aceras ni pedir permisos municipales. Basta con alquilar las 'tuberías' subterráneas de Telefónica para multiplicar la oferta de servicios con la mayor economía de recursos. De hecho, este equipamiento explica gran parte del liderazgo casi global de España en cobertura de la súper banda ancha fija, muy por delante de vecinos como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y otros países, obligados a sembrar de fibra el subsuelo, con los consiguientes costes y molestias que ello acarrea.