La prensa podrá cobrar a la IA en 2026 por el acceso a sus contenidos digitales

La futura ley europea de Inteligencia Artificial ofrecerá nuevas fuentes de ingresos a los generadores de contenidos digitales, entre ellos a los editores de prensa online. En concreto, según se desprende de los borradores de la futura normativa, los creadores online podrán etiquetar sus obras con un nuevo sello, denominado option in, que permitirá a las empresas propietarias de herramientas de Inteligencia Artificial acceder libremente a esos materiales para el entrenamiento de Chat GPT, de Open Ai, o las diferentes versiones de Gemini, de Google, entre otros gigantes del sector. De la misma forma, los editores podrían impedir dicho acceso con la etiqueta optout. En ese caso, la inteligencia artificial no podría nutrir sus algoritmos, por ejemplo, con el histórico de las publicaciones de cualquier periódico digital, salvo que decida poner un precio a ese colosal repositorio de contenidos y conocimiento. Por lo tanto, será decisión de los generadores de contenidos si ponen o no en valor sus publicaciones ante los creadores de inteligencia artificial.

La actual normativa de propiedad intelectual limita la copia o explotación de los contenidos, de forma que no puede ser distribuida, reproducida o comunicada publicamente, ni tampoco tratada por cualquier sistema, forma o medio, sin autorización por escrito del editor. Sin embargo, dada la reciente popularidad de la Inteligencia Artificial Generativa, el actual Artículo 321, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual no aborda el uso de acceso a contenidos para el entrenamiento de las compañías de Inteligencia Artificial. Esa laguna legislativa y, por lo tanto, esa potencial inseguridad jurídica, está llamada a desaparecer con la futura ley europea pergeñada el pasado viernes en Brusleas. De hecho, la futura regulación de la IAcontempla sanciones severas para las empresas que infranjan la normativa. En concreto, las multas pueden oscilar entre los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios global de la empresa hasta los 7,5 millones de euros o el 1,5% del volumen de negocios global.

La entrada en vigor de la futura ley de producirá en 2026, aunque la publicación en DOUE, Diario Oficial de la Unión Europea, se espera para el próximo mayo. La aplicación de dicha norma se adelantará a finales de 2024 en el caso de infracciones graves sobre asuntos de terrorismo, educación o colectivos vulnerables.