Sanidad tendrá que pagar una indemnización de casi 100.000 euros a una paciente por problemas durante el parto

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha reconocido el derecho de una mujer de 39 años a recibir una indemnización de casi 100.000 euros, tras haber sido víctima de una atención sanitaria "negligente" durante el parto de su segundo hijo en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, el pasado 5 de diciembre de 2021, según han informado a Europa Press fuentes del Defensor del Paciente.

Graves daños

En concreto, según se relata desde la organización, la mujer ha sufrido "la pérdida irreversible del útero, lesiones en la vejiga y el uréter, infecciones recurrentes y dolor pélvico crónico, secuelas que le han dejado una vida marcada por el sufrimiento físico y emocional", así, según ha informado la Asociación El Defensor del Paciente, la administración sanitaria ha admitido un "daño de extraordinaria gravedad", poco común en un parto, que ha evidenciado la ausencia de "garantías mínimas en la asistencia obstétrica recibida".

Los hechos se produjeron cuando la mujer fue sometida, en la semana 37 de gestación y con antecedente de cesárea previa, a una inducción al parto con 'prostaglandina Propess', un fármaco cuyo uso está "contraindicado o altamente restringido en estas situaciones".

Según la organización, la monitorización fetal, "obligatoria y fundamental para detectar complicaciones", se suspendió durante casi tres horas, lo que permitió en este caso que se desencadenara una rotura uterina progresiva sin ser detectada. Esta complicación se agravó hasta derivar en una hemorragia masiva que obligó a practicar una histerectomía de urgencia, causando esterilidad irreversible.

Durante la intervención quirúrgica, la paciente sufrió además una rotura de vejiga y, "al no comprobarse adecuadamente la indemnidad de los uréteres", se provocó una lesión en el uréter izquierdo. Este daño obligó a una nueva cirugía, al uso de sonda y nefrostomía durante meses y a afrontar dolor crónico persistente a día de hoy.

La actuación médica

El expediente administrativo de la Consejería de Sanidad ha reconocido que la actuación médica incumplió "de forma flagrante" los protocolos clínicos y la 'lex artis', y señala como "determinante" la ausencia de vigilancia.

Además, Sanidad ha admitido que la afectada "nunca" fue informada de los riesgos reales del procedimiento, con lo que se vulneró así su derecho a la información y a la libre decisión, por lo que se ha reconocido un daño moral independiente, valorado en 5.000 euros.