Una ley antiaborto obliga a mantener con vida a una mujer con muerte cerebral hasta que nazca el bebé

Una mujer embarazada de 30 años con muerte cerebral sigue mantenida con vida en Georgia (Estados Unidos) hasta que nazca el bebé debido a una ley antiaborto adoptada en 2019, según la cual se prohíbe el cese del embarazo si se detecta actividad cardíaca del feto a partir de la sexta semana.

Hace ya más de tres meses, los médicos confirmaron la muerte cerebral de esta mujer. Sin embargo, su familia se ha visto obligada a mantenerla con vida artificialmente, según explica la agrupación Reproductive Freedom For All.

La joven acudió al hospital debido a un fuerte dolor de cabeza, sin embargo, los médicos le recetaron unos medicamento y le dieron el alta. Al tiempo, esto no hizo efecto y volvió al médico, donde se descubrió que tenía coágulos de sangre en el cerebro y fue declarada su muerte cerebral.

Puede que el bebé no sobreviva

La madre de la joven confesó a una televisión local la "tortura" por la que están pasando, al obligar a su hija a que continúe con respiración artificial hasta que se cumplan las 32 semanas de gestación. La muerte cerebral le fue diagnosticada a las nueve semanas de embarazo.

Más allá de esto, la madre de la joven denuncia que los médicos no tienen la certeza de en qué condiciones nacerá el bebé, pudiendo sufrir afecciones como ceguera, incapacidad al caminar o quizás tampoco sobreviva cuando nazca. Asimismo, la familia también ha de hacerse cargo de los gastos económicos, aunque se trate de una medida establecida por ley.

Ley del latido

Esta ley está aprobada en varios estados de Estados Unidos y prohíbe a las mujeres la interrupción del embarazo después de la sexta semana, puesto que es a partir de este momento cuando generalmente se detecta el latido del feto. En algunas zonas, ni siquiera contempla excepciones como los casos de violación o incesto. Únicamente está permitido el aborto si se trata de una emergencia médica que ponga en riesgo la vida de la madre.

Por este motivo, los médicos que decidan llevar a cabo esta práctica se enfrentan a condenas de cárcel de hasta 10 años y multas que podrían alcanzar los 100.000 dólares. En cualquier caso, las mujeres que aborten a pesar de esta restricción no podrán ser demandas. Esta norma ha suscitado numerosas críticas desde su aprobación, con varios intentos de derogarla.