Los médicos autónomos llevan a los tribunales el sistema de Muface

La asociación que engloba a los médicos autónomos (aquellos con consulta propia y privada), Unipromel, ha decidido llevar a los tribunales el convenio actual de mutualismo (Muface, Isfas y Mugeju) y, además, tratar de detener la firma del que se está negociando ahora. Las razones que esgrimen son, por un lado, que no existe igualdad en la prestación del servicio sanitario entre la opción pública y la privada, siendo en ambos casos el garante del mismo el Estado, ni, por otro lado, respetar la ley de Competencia y abusar del mercado.

Según el texto promovido por esta asociación, al que ha tenido acceso este medio, aseguran que un mutualista que acuda a la sanidad pública por una urgencia incurre en gastos que cualquier otro ciudadano no. "El funcionario de carrera de la Administración Civil del Estado esta suscrito obligatoriamente a Muface y si hubiera optado en el mes de enero por alguna de las entidades concertadas no podrá acudir (le estará vedado), en caso de urgencia, a un hospital que forme parte de la Seguridad Social sin que al salir de consulta le emitan una factura por los servicios prestados. En otras palabras, que, de manera discriminatoria, si acude por urgencias al sistema sanitario público, deberá abonar, sin derecho a reintegro, los gastos que puedan ocasionarse ya que la entidad aseguradora del Concierto se negará a cubrir los gastos por no haber accedido al Centro que se le hubiera indicado, lo que reduce ilegalmente la libre elección del paciente, recibiendo la prestación de forma discriminatoria, porque el Sistema Nacional Sanitario es medio de Muface para realizarla, y no está justificado esta discriminación impuesta por el Concierto y sus aseguradoras", exponen.

Por otro lado, explican que las aseguradoras se aprovechan de su posición dominante para pagar a los médicos autónomos menos por sus servicios. "La Ley de Defensa de la Competencia prohíbe la explotación abusiva por parte de una o varias empresas de su posición dominante, y en este caso, lo son las aseguradoras integrantes del concierto en su relación profesional y mercantil respecto del colectivo médico", comienzan.

De hecho, denuncian tres prácticas que, supuestamente, están llevando a cabo las aseguradoras. "Imponen precios u otras condiciones comerciales no equitativas a los médicos prestadores del servicio con amenaza de exclusión del cuadro médico y la limitación consecuente del derecho del paciente a elegir el profesional medico legalmente habilitado para la prestación del servicio de asistencia sanitaria", comienza diciendo la demanda.

Además, apuntan a que las aseguradoras estarían "subordinando la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones para reducir costes de asistencia sanitaria, sujetando las pruebas a criterios económicos para su práctica mediante una autorización, que condiciona la praxis del médico que la prescribe, y no guardan relación con el servicio sanatorio y la relación jurídica entablada entre el paciente y el profesional", añaden desde Unipromel, que aseguran llegarán hasta el final con todas las consecuencias.