La futura ley del medicamento: un revés de 1.000 millones para el sector 'farma'

El anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado por el Gobierno el 8 de abril escondía una bomba de relojería que supone un revés económico para el sector farmacéutico cercano a los 1.000 millones de euros y que abre muchos interrogantes sobre su aprobación final.

El nuevo sistema de precios seleccionados diseñado por Sanidad para reducir los precios de los medicamentos fuera de patente, una suerte de ofertas de precio a la baja cada seis meses, ha sido el detonante que ha hecho estallar el consenso logrado en torno a la Estrategia de la Industria Farmacéutica.

Todas las patronales de la industria, sin excepción, desde Farmaindustria a Aeseg y Biosim, que representan a los laboratorios de medicamentos innovadores, genéricos y biosimilares, respectivamente, además de la patronal de la distribución farmacéutica Fedifar y el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, han rechazado públicamente el "radical cambio de modelo de precios" introducido en la propuesta, cuyo coste asciende a 800 millones de euros, según el Ministerio de Sanidad.

De momento, Sanidad ha ampliado el plazo para presentar alegaciones hasta el 8 de mayo, con el objetivo de que la nueva norma llegue al Congreso de los Diputados antes del verano. Se trata de una tramitación por vía de urgencia justificada para cumplir con los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que, más allá del precario equilibrio parlamentario del Gobierno, se antoja muy complicada a la vista de la rotunda oposición del sector a la redacción inicial.

A la cifra de ahorro de gasto público a costa de los márgenes del sector, hay que sumar las nuevas medidas introducidas en la norma que impactarán en la cadena farmacéutica. El anteproyecto recoge así un paquete de actuaciones que promoverán la prescripción de fármacos genéricos y biosimilares por un importe no precisado, al que hay que añadir ahorros anuales previstos de 30-50 millones por la extensión de centrales de compra, los programas de seguimiento de medicamentos de alto impacto económico o las nuevas aportaciones que los laboratorios y las empresas de tecnología sanitaria tendrán que realizar por los medicamentos y productos sanitarios dispensados en el ámbito hospitalario. Hasta ahora este impuesto o devolución de las ventas obtenidas solo impactaba en el canal de farmacias. En total, Sanidad calcula que se podrían ahorrar 500 millones de euros más al sistema de salud.

Alza de precios en paralelo

Aunque no todo serán ahorros para las arcas públicas. Junto con la polémica vuelta de tuerca a los precios de los fármacos sin patente se producirá en paralelo una revisión al alza de los precios de medicamentos y productos sanitarios para garantizar su mantenimiento en el mercado y evitar desabastecimientos de fármacos críticos. El departamento que dirige Mónica García considera que esta elevación de precios supondrá un gasto añadido de 320 millones.

Al final, el anteproyecto reconoce un impacto que podría rondar los 1.000 millones de euros de ahorro público, apoyado en un modelo de bajadas continuas en el precio de los fármacos y que Sanidad prefiere no llamar subastas.

Un nuevo copago farmacéutico

Sanidad ha dejado fuera del anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios su reforma del actual sistema de copago farmacéutico en función de la renta, un asunto siempre polémico que se traslada, de forma estratégica, a un momento posterior de la tramitación de la ley para buscar los consensos necesarios de un texto que, previsiblemente, modificará al alza los porcentajes de copago para las rentas más altas.