Sanidad introduce un sistema de copago 'evitable' en la futura ley del medicamento

Laboratorios, distribuidores y farmacias tendrán que ajustarse a un nuevo sistema de medicamentos fuera de patente que incluirá ofertas de precio a la baja cada seis meses, a modo de subastas, y el copago evitable para los pacientes que elijan el tratamiento prescrito con precio superior al seleccionado.

El anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado hoy por el Consejo de Ministros da una nueva vuelta de tuerca a los precios de los fármacos para generar ahorros en el gasto público cercanos a los 1.000 millones de euros.

Entre otras medidas recogidas en el texto publicado, que se tramitará por vía de urgencia para cumplir con los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según justifica el Ministerio de Sanidad, figura una reforma integral del sistema de precios de referencia y la activación del sistema de precios seleccionados. Entre otros efectos, este último mecanismo de contención del gasto obligará a los pacientes a asumir un copago evitable en el caso de que elijan un tratamiento con precio superior que no se ajusta al seleccionado por su precio más bajo. Es decir, tendrá que abonar la diferencia de precio entre el tratamiento financiado por el sistema público y el medicamento recetado por el médico. Estos medicamentos, por tanto, no se excluyen de la cartera pública como ocurre ahora, sino que mantienen una financiación parcial.

Los precios seleccionados actuarán como un tipo de subasta de medicamentos incluidos dentro de una misma agrupación homogénea de fármacos dispensables en las farmacias (mismo principio activo y dosis), donde los fabricantes ofertarán bajadas de precios para un periodo de seis meses. Sanidad creará así una cesta de fármacos con el medicamento de precio más bajo y una agrupación de fármacos con precios seleccionados más altos y otra de productos no seleccionados.

Sanidad calcula que estos cambios ahorrarán hasta 800 millones de euros al sistema público, según la previsión de la memoria de impacto presupuestario del anteproyecto, gracias a un modelo que pretende inducir bajadas continuas en el precio de los fármacos que financia el Sistema Nacional de Salud.

La contrapartida es que este sistema generará una mayor incertidumbre en la gestión del stock de los medicamentos afectados, ya que los precios cambiarán cada seis meses, lo que puede provocar más desabastecimientos, según denuncian fuentes consultadas del sector.

Para evitar que se agraven las faltas de medicamentos, un Real Decreto determinará las obligaciones de los fabricantes para garantizar la capacidad de suministro del mercado. Se quiere evitar así que los pacientes acaban pagando los desabastecimientos provocados por potenciales bajadas de precio temerarias de las compañías para hacerse con el mercado, tal y como ocurrió con el sistema de subastas de medicamentos aplicado en Andalucía entre 2011 y 2020.

Cada seis meses, por tanto, se revisarán los precios de esta cesta de medicamentos donde convivirán fármacos a distintos precios dentro de un mismo conjunto de precios seleccionados. El anteproyecto recoge una serie de incentivos para los fabricantes que se sometan a este sistema de competencia o marquen el precio más bajo de una agrupación homogénea, como la exclusión total o parcial de las aportaciones recogidas en la disposición adicional sexta por el volumen de ventas.

Aportaciones hospitalarias

Este impuesto o devolución que realizan los laboratorios en función de un porcentaje de su volumen de ventas incorporará también los medicamentos dispensados en el ámbito hospitalario, además del canal de farmacias, sin detallar los porcentajes de estas devoluciones. Los laboratorios tendrán que declarar sus ventas reales en los hospitales si quieren acceder a los incentivos incluidos dentro del plan Profarma y revelar, por lo tanto, los descuentos aplicados a los precios oficiales.

En este último canal hospitalario, el gasto público ha crecido casi a doble dígito hasta alcanzar los 10.464 millones de euros en 2024, muy cerca de los 13.345,6 millones de euros a PVP del mercado de oficina de farmacia. En total, la factura pública del mutualismo administrativo.

No es el único cambio del sistema de precios de referencia, que establece un precio máximo que el SNS paga por medicamentos incluidos en conjuntos homogéneos. La nueva regulación prevé que estos precios de referencia operen un año después de la entrada del primer medicamento genérico o biosimilar, con el fin de permitir un diferencial de precios entre genérico y marca para dar a los laboratorios de genéricos un margen para posicionar sus productos en el mercado. Este sistema excluirá algunas terapias, como los medicamentos huérfanos o los derivados de plasma, o aquellas que incorporen innovaciones incrementales que ofrezcan ventajas a los pacientes.

Compras centralizadas

Otros ahorros previstos por el departamento que dirige Mónica García proceden de la habilitación por ley de las compras de medicamentos y productos sanitarios centralizadas que hasta ahora se circunscriben a la compra de vacunas estacionales. La nueva norma pretende extender esta posibilidad a la adquisición de terapias avanzadas de alto coste para introducir la financiación de estos tratamientos según sus resultados. Estos acuerdos de compras podrían allegar ahorros anuales de 30-50 millones de euros. Junto con otras actuaciones dirigidas a estimular la prescripción de medicamentos genéricos y biosimilares, Sanidad estira los ahorros hasta los 500 millones de euros.

No solo serán ahorros. El anteproyecto contempla también un aumento del gasto de 320 millones de euros para revisar al alza los precios de medicamentos y productos sanitarios críticos o estratégicos, como antibióticos, vacunas o tratamientos crónicos, entre otros, con el fin de garantizar el abastecimiento del mercado.

Copago farmacéutico y Agencia de Salud Pública

La reforma del actual sistema de copago farmacéutico en función de la renta se traslada a un momento posterior de la tramitación de la ley para buscar los consensos necesarios de un texto que, previsiblemente, modificará al alza los porcentajes de copago para las rentas más altas.

Sanidad abre ahora 15 días de audiencia pública para la presentación de alegaciones al texto que, si se cumplen los plazos del Ministerio, podría tramitarse en el Congreso de los Diputados antes del verano.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado también el Proyecto de Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) para dar una respuesta rápida y eficaz ante futuros riesgos de salud pública en España.