Acabar con las mutuas costaría más de 1.000 millones a la sanidad autonómica

El trasvase de asegurados mutualistas de la sanidad privada a la sanidad pública que propone la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y defiende abiertamente la ministra de Sanidad, Mónica García, entre otros miembros del Ejecutivo, tendría un coste directo para las comunidades autónomas de 1.136 millones de euros.

Medidas como la "progresiva incorporación de los nuevos mutualistas" al Sistema Nacional de Salud que plantea la autoridad fiscal suponen en la práctica la detonación del actual mutualismo administrativo que funciona desde los años setenta. Su desaparición obligaría a las regiones a absorber finalmente la asistencia de 1,57 millones de mutualistas y beneficiarios, en un contexto de escasez de profesionales y de colapso asistencial con listas de espera en niveles récord.

El coste de desmantelar el modelo superaría los 1.000 millones de euros según distintas fuentes. La Fundación IDIS, que agrupa a los principales grupos y compañías del sector sanitario privado, ha calculado que el gasto sanitario per cápita de un mutualista en 2023 fue inferior en 723 euros al de un usuario del SNS (1.013 euros frente a 1.736 euros, respectivamente), excluyendo del cálculo público los costes en farmacia (13.545 millones de euros) y mutualidades (1.612 millones) para una población de 47,49 millones de habitantes.

El análisis del IDIS difiere del efectuado por la AIReF en el marco de la primera fase de la evaluación del gasto público en el periodo 2022-2026. Este organismo rebaja la diferencia de gasto entre asegurados de ambos sistemas de financiación pública a 375 euros per cápita en 2022 (1.405 euros del usuario público y 1.030 del mutualista privado). Con esta horquilla, el coste público de asumir a este colectivo de mutualistas se reduciría a la mitad hasta alcanzar los 590 millones de euros.

Gastos sanitarios excluidos

En esta disparidad de cifras hay que tener en cuenta que se toman distintos años como base. El fuerte gasto sanitario público computado en 2023, que elevó la cápita pública hasta los 1.736 euros sin que variase apenas en 11 euros el coste de la póliza privada por funcionario, queda por ejemplo fuera del radar de la AIReF. En la cápita pública del ente fiscal para una población de 47,14 millones de habitantes, no se incluye además la docencia MIR, farmacia, prótesis y aparatos terapéuticos, servicios de salud pública, investigación y formación, gastos en administración general y otras partidas, según recoge el anexo metodológico.

Otro estudio, impulsado en este caso por la patronal de hospitales privados ASPE en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se centra solo en Muface, el principal sistema mutualista. Según esta investigación, el coste para el Estado de eliminar este sistema de cobertura se situaría también por encima de los 1.000 millones de euros. "El Estado ahorra 594 euros al año por mutualista, por lo que la desaparición de Muface supondría un impacto de 1.000 millones de euros anuales a la sanidad pública", sostienen los expertos de la UCM.

Este análisis tiene en cuenta la diferencia existente entre la prima de Muface (1.040 euros por mutualista de promedio) y el gasto sanitario total (1.608 euros por ciudadano), así como el número de mutualistas que se decantaban por la sanidad privada en 2022 (un 72,9%), porcentaje que ha ido menguando hasta el 69% de diciembre de 2024.

La evolución en los últimos diez años (2014-2023) de la prima mensual ajustada a la edad del usuario de Muface habría sido muy dispar entre ambos modelos, abriéndose un diferencial de 22,9 puntos favorable al sistema público.

Por ello, el Informe de la UCM es concluyente al denunciar la precaria situación del mutualismo administrativo. "La falta de financiamiento, unida a la creciente presión derivada del envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas, mayores costes y el cuestionamiento por parte de ciertos sectores políticos y sociales siguen generando incertidumbre en torno a la supervivencia del modelo", aseguran.

Reparto autonómico

Lejos de analizar los costes potenciales en los que incurrirían las regiones para absorber la asistencia sanitaria de los mutualistas que eligen la cobertura privada, la AIReF ve ahorros en su propuesta de transformar la actual adscripción obligatoria en las mutualidades en un régimen voluntario, donde el beneficiario pueda darse de baja del régimen mutualista si elige la asistencia pública.

Gracias a esta fórmula, el Estado dejaría de aportar fondos a las mutualidades para los funcionarios que deciden abandonar el sistema mutualista. Esta medida generaría ahorros para la Administración general del Estado que rondarían un mínimo de 500 millones de euros.

En este "reajuste en la distribución de los fondos recibidos por las comunidades autónomas de régimen común a través del Sistema de Financiación Autonómica", según reconoce la AIReF, Extremadura o la Comunidad de Madrid tendrían un incremento de su financiación del 0,45% (17,5 y 79,3 millones, respectivamente).

Por su parte, las regiones en las que los mutualistas de opción privada representan un porcentaje menor sobre la población del SNS perderían fondos, como por ejemplo Cataluña, que tendría una disminución del 0,72 %, 183,5 millones de euros.

La AIReF aboga también por introducir una mayor eficiencia en la gestión y racionalidad del gasto público para la prestación del mutualismo administrativo, cuyo coste total ascendió a 2.810 millones de euros en 2023, de los que 1.750 millones de euros (62,3 %) corresponde a las primas pagadas a las aseguradoras privadas por la atención sanitaria de los mutualistas que optan por esta modalidad.

Detecta, en este sentido, una clara correlación entre el tamaño de la mutualidad y la eficiencia en sus costes de funcionamiento: Mugeju, la más pequeña, presenta así los mayores gastos relativos, con un porcentaje sobre el gasto total cercano al 6% y un gasto por mutualista que alcanzó los 71,4 euros en 2023, mientras que Muface, la más grande, mantiene los costes más bajos (2 % del gasto total y 24,5 euros por mutualista).

"Esta disparidad en los costes operativos, junto con la duplicación de estructuras administrativas y procedimientos prácticamente idénticos, sugiere que una reorganización del sistema actual permitiría aprovechar economías de escala significativas y reducir costes administrativos y de gestión, mientras se mantiene o incluso mejora la calidad de los servicios prestados a todos los funcionarios", afirman.

Fármacos que sextuplican su coste hospitalario

El informe de la AIReF detecta un amplio margen de mejora en la prestación farmacéutica. Recomienda, por ejemplo, "optimizar los mecanismos de adquisición de medicamentos hospitalarios para mutualistas alineándolos con los precios efectivos del SNS". Los centros privados estarían facturando a las mutualidades medicamentos hospitalarios dispensados a paciente externo a precios más elevados que el de adquisición de los servicios públicos de salud. En algunos casos, llegarían a sextuplicar el coste, alertan.

Otra medida para reducir el capítulo farmacéutico, que tuvo un coste de 612 millones de euros para las mutualidades, sería impulsar los medicamentos genéricos y biosimilares, donde existen diferencias significativas en la penetración de biosimilares a favor del sistema público que alcanzan los 26 puntos porcentuales según moléculas. La brecha en la penetración de genéricos en el mutualismo de opción pública sería de unos siete puntos porcentuales que, en grupos terapéuticos como hipertensión, antilipídicos, antiácidos y protectores gástricos, se elevan entre 10 y 20 puntos.

Los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) muestran, según el informe, un mayor nivel de penetración en el contexto privado, diferencia que se ha ido ampliando a lo largo del tiempo. "Este patrón podría indicar que la modalidad privada proporciona un acceso más rápido a tratamientos eficaces para pacientes que requieren prevención o tratamiento de condiciones trombóticas", afirman.

Otra recomendación recogida es acelerar la implantación de la receta electrónica en el mutualismo de opción privada.