¿Devolver las latas y los envases de plástico a las tiendas?: El Gobierno negocia con los supermercados aplazarlo hasta 2028

El Gobierno está negociando con el sector de la distribución aplazar hasta 2028 la introducción de los nuevos sistemas de depósito y recogida de envases, los denominados SDDR. Un informe publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) concluyó a finales del año pasado que en 2023, únicamente se había recogido el 41,3% de las botellas de plástico, una cifra muy por debajo del 70% exigido por la Ley de Residuos para ese ejercicio, lo que obligaba a introducir estos nuevos sistemas en un plazo máximo de dos años.

La avalancha de nuevas exigencias y de normativa medioambiental ha llevado sin embargo al sector a reclamar que se amplíen los plazos de adaptación para no sufrir una pérdida de competitividad y, según confirman distintas fuentes, el Gobierno parece dispuesto a atender su reclamación y esperar a 2028, en línea con lo que marca el nuevo reglamento de la Comisión Europea.

Aunque en las negociaciones con el Ejecutivo están representadas distintas organizaciones empresariales, la que las está liderando por parte del sector es Aecoc. Esta organización, que defiende los intereses de distribuidores y fabricantes, con más de 33.000 empresas asociadas, ha reclamado que se adapten los plazos a la implementación de medidas marcadas por el nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases. Esta normativa comunitaria establece como fecha de implantación límite el 1 de enero de 2029 para aquellos estados miembros que no hayan alcanzado el objetivo de recogida separada de los envases de plástico o latas.

Nivel de recuperación

Uno de los puntos críticos en la negociación está precisamente en el nivel de recuperación porque, aunque, según las cifras que maneja el ministerio de Transición Ecológica el porcentaje no llega ni al 42% del total, los datos recopilados por Ecoembes, el organismo encargado de gestionar el reciclaje de este tipo de envases domésticos en España, son más elevados, razón por la que tendría sentido el aplazamiento. El SDDR es un mecanismo de gestión de envases que busca mejorar el sistema actual, recuperando el método tradicional que se usaba en el pasado con las botellas de vidrio.

A partir del momento en el que se lleve a cabo su introducción, el consumidor que adquiera una botella de plástico, una lata o un brik pagará una cantidad adicional, que le será reembolsada una vez que devuelva el envase vacío y lo deposite en una de las máquinas que tendrán que instalar los supermercados. Es una medida que funciona en medio centenar de países de todo el mundo, incluyendo 16 de Europa y el Gobierno estima que la recuperación de estos plásticos puede elevarse hasta el 90%. Más allá de los plazos, en el sector destacan que es clave también si finalmente se introducen o no los briks porque aunque la regulación española así lo establece, en el reglamento europeo no figura y la gestión de los mismos tiene un coste mucho más alto.

Prácticas sostenible

Fabricantes y distribuidores del sector alimentario recuerdan que "desde hace años el sector trabaja en prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente, como el uso de tecnologías de producción limpia, la reducción de gases de efecto invernadero, la gestión de residuos y el uso de energía renovable", pero advirtiendo también, no obstante, de "las graves dificultades que suponen para las empresas la avalancha de nuevas normativas".

El comercio español ha visto como en los últimos años no deja de incrementarse la carga normativa que cada vez hace más pesado levantar la persiana para mantener la actividad. El exceso de regulación en el sector se volvió a poner de manifiesto el año pasado, en que se aprobaron y publicaron 3,4 nuevas normas al día para este sector. La hiperregulación se ha convertido en uno de las grandes amenazas para el comercio en España, donde la maquinaria legislativa y administrativa generó 1.253 normativas, entre nuevos textos y modificaciones de las ya existentes el año pasado, según quedó patente en el último encuentro anual de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE que se celebró el pasado mes de marzo en Valencia y el que participaron desde grandes distribuidores como Carrefour y El Corte Ingles a pequeños comercios locales golpeados por la DANA.

El impuesto al plástico

Lo que el sector quiere evitar ahora a toda costa es lo que pasó, por ejemplo, como el nuevo impuesto al plástico no reutilizable, que entró en vigor el año pasado y convirtió a España en el único estado europea en aplicarlo. Se trata de una tasa que grava con 0,45 euros cada kilogramo de plástico y se aplica directamente a los envases no reutilizables, incrementando aún más los costes empresariales. El problema de fondo, según denunciaron entonces en el sector, es que no existe en el mercado suficiente plástico reciclado, por lo que, en la gran mayoría de los casos, no quedaba más remedio que abonar la tasa.

El nuevo reglamento europeo

El nuevo reglamento europeo que regula el reciclaje de los envases introducen obligaciones que hasta ahora tenían carácter voluntario en nuestro ordenamiento jurídico. En el mismo se impone, por ejemplo, la obligación de que los envases estén marcados obligatoriamente con una etiqueta que contenga información sobre su composición de materiales a fin de facilitar la clasificación de los residuos por el poseedor del mismo. Y del mismo modo se introducen aspectos también la obligación de que los envases reutilizables estén marcados con un código QR (o dispositivo digital análogo) estandarizado, abierto, con información adicional sobre el sistema de reutilización local, nacional o a nivel UE que se emplee para su gestión.