Los expertos apuntan al incentivo fiscal para garantizar la sostenibilidad del sistema alimentario

La fiscalidad de los alimentos y el impulso de incentivos económicos que fomenten la descarbonización serán claves para asegurar un sistema alimentario sostenible en el futuro, según recoge el informe Fooduristic, elaborado a raíz de las opiniones de 50 expertos procedentes de 20 países reunidos en Valencia con motivo de The Food Changemakers, el think tank promovido por KM ZERO, el hub de innovación impulsado por el grupo valenciano Familia Martínez, uno de los principales proveedores de Mercadona.

En concreto, las deliberaciones de los expertos reunidos por primera vez en Valencia el pasado mes de junio, han dado como resultado un decálogo de retos en el sistema alimentario y medidas para transformar la cadena de valor que van más allá de la mera declaración de intenciones y abordaban el reto desde el punto de vista de la inversión.

Concretamente, en uno de sus puntos se menciona la necesidad de generar entornos que favorezcan mejores decisiones de consumo. Para conseguirlo, entre otras medidas, los autores recomiendan reducir el IVA sobre los alimentos saludables y sostenibles para hacerlos más asequibles al consumidor "al tiempo que se promueven políticas de subsidios orientadas a apoyar la producción de cultivos que beneficien la nutrición y la sostenibilidad, favoreciendo un sistema alimentario más equilibrado y justo". Asimismo, entre las posibles acciones a tomar en el futuro, el informe menciona la posibilidad de reformular los subsidios agrícolas mediante el apoyo a la "producción de cultivos sostenibles y nutritivos, reemplazando el respaldo a prácticas no responsables".

Modelos financieros flexibles

Aparte de estos incentivos, el documento cierra su particular decálogo apuntando a la necesidad de dirigir las inversiones de capital hacia soluciones alimentarias de impacto mediante modelos financieros flexibles, incentivos y alianzas multisectoriales o soluciones para las necesidades de cada región. En concreto, los autores apuestan por canalizar las inversiones hacia iniciativas que mejoren la sostenibilidad agrícola y reduzcan el uso intensivo de agua y suelos, para lo cual abogan por estrategias que incrementen la proporción de inversión privada para proyectos de impacto sostenible.

Entre ellas, se mencionan instrumentos como los bonos verdes para financiar soluciones sostenibles con beneficios económicos y ambientales demostrables, además del apoyo a modelos de microcréditos y esquemas financieros accesibles que faciliten la adopción de tecnologías sostenibles en comunidades vulnerables. En este punto, los expertos también se decantan por educar a los inversores sobre los beneficios económicos sostenidos en el tiempo de las soluciones regenerativas para superar la percepción de alto riesgo.

En este punto, además, el texto enfatiza la importancia de contar con estándares de transparencia a través de métricas claras y certificaciones para medir el impacto real de las inversiones para a portar confianza a los mercados financieros. De esta manera, se facilitará la financiación de innovaciones tecnológicas en la producción como la agricultura de precisión o el riego inteligente, destacando su escalabilidad y el retorno de inversión.

El factor económico también aparece cuando se aborda la necesidad de dar a conocer al consumidor y a los actores de la cadena el coste real de los alimentos, punto en el que el texto recomienda aplicar políticas impositivas verdes, para penalizar los productos que generen una alta huella medioambiental y subsidiar las opciones más sostenibles.

Entre el resto de claves, el informe habla racionalizar la producción alimentaria, la regeneración del suelo, una gestión eficiente del agua, la estandarización de los criterios de descarbonización, mejorar la nutrición y la educación en esta materia y transformar el desperdicio en una oportunidad.