La Audiencia Nacional confirma el cártel entre empresas del sector lácteo pero reduce las multas

La Audiencia Nacional ha sido tajante: ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel entre los años 2000 y 2013. De este modo, la Audiencia ha confirmado la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de julio de 2019; pero no ha compartido la cantidad de las sanciones. La Sala ha reducido las multas de 80,6 millones de euros—como pedía la CNMC— a 28 millones. Y se aplicarán, de momento, a cinco empresas, ya que está recalculando en el caso de otras cuatro por periodos prescritos.

"En nueve sentencias, una por cada mercantil recurrente, los magistrados de la Sección Sexta confirman las multas de 8,5 millones impuestas a Calidad Pascual; de 53.310 euros a Central Lechera Galicia; de 11,6 millones a Grupo Lactalis Iberia; de 6,8 millones a Nestlé y de 929.644 euros a Schreiber Food España", dicta el auto.

El Tribunal, además, ha estimado parcialmente el recurso presentado por otras cuatro empresas, Comercial Alimentaria Peñasanta, Danone, Industrias Lácteas Granada (Puleva), y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia al entender que algunos de los periodos investigados están prescritos, por lo que ordena a la CNMC que los vuelva a calcular.

Cerca de 13.000 ganaderos se vieron afectados por este "cártel de la leche" y estaban pendientes de la resolución de la Audiencia, pues de este fallo depende el futuro de numerosas demandas que se han presentado para reclamar, una media, de 100.000 euros de compensación por estas prácticas anticompetitivas.

Los despachos Eskariam, Hausfeld y Hitchings & Co., llevan la reclamación del sector ganadero con más de 7.000 clientes a nivel nacional (ubicados mayoritariamente en Galicia, Castilla y León, Cataluña, Asturias, y, Cantabria). Los tres intervinieron legalmente en el proceso judicial, rebatiendo los informes periciales de las industrias lácteas y presentando escritos de defensa. "Nos parecía clave para poder rebatir con fundamento las defensas desplegadas por las industrias lácteas cartelizadas. Creemos que esto ha hecho posible este fallo histórico emitido por la Audiencia Nacional", han explicado.

El papel de la CNMC

La CNMC decretó que existía "una conducta ilícita en intercambiar información, lo que les permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos". Además, estas empresas ajustaban su comportamiento y hasta se habrían coordinado para establecer los precio de compra de la leche.

Todo esto perjudicó todavía más a un mercado concentrado y donde hay un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea.

En su día, el organismo puso en el ojo de mira a la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica). Y decretó que eran responsables de conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia. En su lista, también incluyó a las entidades Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, aunque su infracción ya ha prescrito.