Jaque a la ganadería con las nuevas exigencias en bienestar animal

Avicultores, cunicultores y porcicultores ven con preocupación la propuesta de revisión normativa europea de bienestar animal ya que requerirá inversiones millonarias para no reducir la producción a la mitad. Los ganaderos advierten de que su implementación disparará el precio de la carne.

Con preocupación y mucha incertidumbre. Así es como está viviendo el sector ganadero la revisión normativa en materia de bienestar animal propuesta por la CE, que introduciría cambios en la forma de producir, especialmente en la avicultura, cunicultura y porcicultura. Un nuevo marco todavía no aprobado -se espera que sea después de las elecciones europeas-. en el que se establecen exigencias como el fin de la producción en jaulas en sectores como la carne de conejo donde no existe una alternativa real y viable.

Y la inquietud en el sector es máxima porque, por lo que ya ha trascendido de su contenido y las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la nueva "Normativa Europea Reguladora del Modelo de Producción de Carne" obligaría a reducir el censo de animales hasta en dos tercios en algunos casos, con lo que se mermarían los ingresos y se pondría en jaque la viabilidad de las explotaciones, o bien conllevaría la realización de importantes inversiones -solo en el sector productor de huevos se elevaría a más de 1.500 millones de euros- para adaptar las instalaciones en las que, igualmente, se podría llegar a perder capacidad productiva.

El desembolso económico se tendría que acometer además en un momento en el que muchos ganaderos han tenido que soportar elevados costes de producción. Y en algunos casos, continúan pagando los préstamos para adaptarse a las reglas establecidas antes de 2012.

Menos pollos para una carne de lujo

El sector de la avicultura de carne sería uno de los más afectados. Las recomendaciones de la EFSA incluyen medidas como la reducción de la densidad de la población de pollos de engorde convencionales en las granjas a un máximo de 11 kg/m2. Esto supondría tener que acometer inversiones para adaptar las instalaciones en las que se pasaría a reducir el censo de animales un 72%.

Así, una granja de 1.800 m2, con 33.000 pollos pasaría a tener una capacidad de 11.000. Es decir, se perderían 22.000 plazas. Esto conllevaría un descenso de los ingresos en una tercera parte, aunque también habría que tener en cuenta que, esta menor capacidad productiva, supondría a su vez un aumento de costes, que repercutirían en el consumidor. Según datos de COAG, el precio de la carne de pollo podría llegar a multiplicarse por tres, subiendo de los 3,25 euros/kilo actuales a los 9,75 euros/kilo. "Prácticamente, la carne de pollo pasaría a ser una carne de lujo", afirma Carlos Santolaria, productor de aves de engorde en Altorricón, en Huesca.

"Perderemos un tercio de la producción y tendremos los mismos costes o incluso más porque, por ejemplo, en calefacción, tendremos que calentar la misma instalación, pero con menos capacidad productiva. En otros países como Argentina o Brasil puede ser perfecto por el clima que tienen, pero aquí gastamos mucho en calefacción y el precio del gas ya nos influyó mucho. Con la subida de la luz y el gas, ya no teníamos margen", señala Carlos Santolaria, quien explica que no comprende la propuesta de la nueva normativa porque "estamos integrados, tenemos nuestros certificados que nos exigen y nos miran mucho, también en el post mortem. Para llegar a estos requisitos hemos invertido en bienestar animal y los veterinarios controlan mucho. Si ven animales con enfermedad o sucios, te hacen bajar la producción".

El avicultor tendría otra alternativa: no perder capacidad de producción. Para ello, debería contar con unas instalaciones de 5.400 metros cuadrados para albergar a los 33.000 pollos en lugar de los 1.800 metros cuadrados. Una adaptación que supondría alrededor de un millón de euros de inversión por granja, según datos de COAG.

No obstante, la ampliación no es solo una cuestión de coste económico. En algunos casos es imposible. "Son estructuras y no podemos tirar una pared. No es tan fácil. Hemos ido reformando conforme hemos tenido algo de caja. Pero, ahora, el pollo va a coste. Hacer una inversión desde cero es inviable", incide Carlos Santolaria. Y granjas nuevas "no se están haciendo porque los costes han subido. Son de 200 euros el metro cuadrado en nueva construcción y se necesitan entre 10 y 15 años para amortizarla".

Huevos un 35% más caros

La preocupación también es máxima entre los productores de huevo, sector en el que la nueva normativa puede suponer un coste de 1.500 millones de euros con los tipos de interés actuales. Una cantidad que se correspondería con las inversiones a realizar por el sector para eliminar las jaulas. "Es una estimación porque no conocemos con exactitud el contenido de la norma. Sabemos que desaparecerán, pero no cuándo ni cómo. La Comisión Europea ha pedido recomendación a la EFSA. Su opinión sí la tenemos -son medidas similares a las de los pollos de engorde-, y es lo que nos alarma porque, si se refleja en la ley, tendría un impacto muy importante", afirma Enrique Díaz, director de Inprovo (Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos). Por ganadero, la inversión precisa en una granja de 8.000 ponedoras para la adaptación de las instalaciones habría que desembolsar 141.426 euros, según datos de COAG.

Este impacto supondría un "aumento del 35% del coste final. Para una familia, es mucho", añade Díaz. Y, por supuesto, en el sector preocupa que se pueda producir una competencia desleal de terceros países. "Ahí ya sería un problema más grave. Al final, a los que más afecta es a las pequeñas y medianas empresas". Esta situación podría evitarse porque "se puede hacer todo bien si se lleva a cabo con tiempo, de una forma coordinada y con financiación preferente del ICO para inversiones que son obligatorias. Si fuera así, ya no sería el aumento del 35%, sino del 15% o 18%", afirma el director de Inprovo,

Situación similar se produciría en el sector porcino, Para mantener la cabaña, una granja tipo de 1.200 cerdas, tendría que destinar 198.400 euros para construir la nueva nave con todos los componentes de ventilación, fontanería, electricidad o accesorios para albergar 62 parideras. Una inversión a la que habría que añadir otra cuantía más: 324.932 euros por la también necesaria remodelación de las salas de parto para albergar 12 cerdas en lugar de 16. En total, de acuerdo con los datos de COAG, se afrontaría un coste total de 523.332 euros por granja.

¿Y si se reduce censo? También habría que acometer inversiones para adaptar las salas de 16 a 12 parideras. Así, para tener 15 salas, el gasto sería de 324.932 euros, que se tendría que afrontar con menor producción.

Por primera vez, en 2022, se ha frenado el crecimiento del sector en España

Se decida lo que se decida, el impacto será mayor en las pequeñas explotaciones, que contribuyen a mantener la actividad en el medio rural. "La gente dice hasta aquí hemos llegado, sobre todo por todas las normativas medioambientales y las direcciones ganaderas que complican la situación", dice Jaume Bernis, responsable de sectores ganaderos de COAG, quien afirma que los primeros interesados en el bienestar animal son los ganaderos.

Y todo ello, además, se produce en un contexto en el que por primera vez, en 2022, se ha frenado el crecimiento del sector en España, que se venía manteniendo en los últimos ejercicios, y de subida de los seguros. "Estamos preocupados porque también vemos el aumento del seguro de recogida de cadáveres", afirma Bernis, quien asevera a su vez que este año tienen que hacer frente a un incremento de entre el 80% y el 100% en granjas madres y de entre el 30% y el 40% de subida en cebo.

El sector de la carne de conejo no se escapa de la revisión de la normativa por la eliminación del sistema de jaulas con el que se realiza hoy en día el 95% de la producción, puesto que solo existe en España una granja ecológica con algo más de 1.200 animales. De aprobarse la nueva norma, se perdería entre el 40% y el 50% de la producción en cada granja. "Ha saltado a la opinión pública ahora por el posible aumento del precio de la carne, pero ya llevan años diciendo que iban a cambiar la normativa y se dijo que en 2027 no quedaría ninguna jaula. Se han demonizado pero sin ellas no es posible criar conejos de una forma rentable y cubrir las necesidades del mercado", afirma Pachi Abós, cunicultor en la provincia de Huesca.

En el sector ya se han hecho pruebas con otros sistemas de producción que no han dado buenos resultados. "Con la cría del conejo en suelo, se pelearían los animales, habría más contaminación por estar en el suelo, se produciría más estrés y no procrearían tanto. Desaparecería la cunicultura. Para tener bienestar lo primero que hay que tener es salud", asegura Pachi Abós. Además, tendría un importante impacto en el precio para el consumidor, que podría llegar a triplicarse.

Tampoco se ve bien el sistema de parques (jaulas más grandes) en los que los conejos tendrían interacción entre ellos. "Los estudios dicen que hay más mortalidad, sobre todo en cebo y en las hembras, y menos reproducción. Si enferman más y se reproducen menos, es señal de que el animal no está cómodo". Además, en este supuesto, el productor tendría una merma del 41% de sus ingresos.

Con la soga al cuello

A día de hoy, "estamos con la soga al cuello y la situación sería inviable" dentro de un sector en el que "estamos perdidos porque ahora nadie se atreve a hacer nada a dos o tres años vista porque no sabemos qué hacer y qué va a pasar. El sector está paralizado y nadie quiere incorporarse", insiste.

El futuro no se ve halagüeño porque, además, "no nos dan la solución para criar el conejo de forma alternativa", aclara. "Si la administración no despeja dudas y pone trabas, en cinco o diez años, no quedará ninguna granja de conejo en España.", apunta este cunicultor de 49 años.

María Luz de Santos, directora general de Intercun (Organización Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola) asegura que "esta situación no es buena para el sector porque introduce incertidumbre y congela inversiones porque no se sabe si habrá cambios en el manejo, transporte y logística". Un motivo por el que se pide que toda modificación "tenga en cuenta el impacto y se realice con base científica, para que en realidad suponga más bienestar animal".

Intercun demanda un período de adaptación suficiente y con apoyo económico y que las leyes y normativas sean iguales para los países de los que se hagan importaciones para no disminuir la competitividad porque "vemos que, al final, los países terceros tienen alojamientos que hemos quitado en Europa".