El uso de la Diputación Permanente empuja a Sánchez a los tribunales

El Partido Popular está estudiando la posibilidad de denunciar al Gobierno ante la Junta Electoral o incluso ante el Tribunal Constitucional si hace un uso electoral de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano operativo, una vez disueltas las Cortes. La reacción de los populares responde al anuncio hecho por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de consolidar hasta el día de las elecciones, los "viernes sociales", que no son más que la aprobación de reales decretos ley en los Consejos de Ministros que le quedan al Gabinete socialista, desde el martes en funciones.

Desde este martes, y hasta el próximo 23 de mayo, día de constitución de las nuevas Cortes, corresponde a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, convocar a la Diputación Permanente para someter a debate la convalidación o la derogación de todos estos decretos leyes que pretende introducir el Gobierno de Sánchez.

Con las Cortes disueltas, y ante una situación anómala como ésta -de 39 decretos que se han aprobado en la DP, 27 han sido por pago y actuaciones urgentes, nueve por desastres naturales y tres de carácter político, siendo Felipe González (16) y Leopoldo Calvo Sotelo (9) los que más RDL firmaron en sus etapas de Gobierno, y José María Aznar y Mariano Rajoy los que menos (uno cada uno)-, la Mesa del Congreso ha encargado un informe jurídico sobre la tramitación parlamentaria de los decretos ley de Pedro Sánchez en periodo electoral, con el fin de aclarar, especialmente, cómo actuar si se aprueba tramitar esos decretos como proyectos ley, pues es algo de lo que no se tiene precedentes, según fuentes parlamentarias.

En este sentido, el Partido Popular sostiene que Sánchez está haciendo uso torticero de la Diputación Permanente, introduciendo RDL para hacer la campaña electoral del 28-A. De ahí que plantee recurrir a la Junta Electoral o al Tribunal Constitucional, a la espera de conocer el resultado del informe de los letrados de la Cámara Baja.

Del otro lado, del Gobierno, la posición es bien distinta. El martes, la ministra de Economía, Nadia Calviño, defendió la urgencia y la necesidad de los decretos aprobados, y de los que quedan por aprobar, justificando el uso de la Diputación Permanente "hasta el último minuto".

La ministra eludió, por otro lado, desvelar si en los próximos comicios su rol está en Madrid, de cara a las elecciones nacionales del 28 de abril, o en Bruselas, de donde procede laboralmente y donde algunos expertos creen que podría volver a importante papel tras los comicios del 26-M.

Por cierto que Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, también se pronunciaba sobre el uso de los decretos leyes en el ejercicio del Gobierno, y sobre los mismos abogó por suprimir esta figura, porque a su parecer "no tiene sentido en pleno siglo XXI".