La Justicia alemana accede a extraditar a Puigdemont por malversación pero no por rebelión

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha accedido finalmente a extraditar al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pero solo por el presunto delito de malversación de fondos públicos, descartando el de rebelión. Ahora, es la Fiscalía General la que debe decidir si la admite a trámite sin contemplar el delito más grave; su pronunciamiento será en breve.

Pese a ser una decisión que favorece los intereses del expresident, su abogado Jaume-Alonso Cuevillas, ha anunciado que harán un recurso de reforma ante el tribunal para agotar la vía interna y después pedirán amparo al Tribunal Constitucional alemán alegando "falta de garantías para un juicio justo" y buscando librarse también de la acusación por malversación.

"Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado", ha escrito en todo caso Puigdemont en un mensaje en Twitter en el que ha recordado que Alemania establece que no hubo rebelión y denunciado que sus compañeros independentistas sigan en prisión en España. "Cada minuto que pasan nuestros compañeros en la prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. Lucharemos hasta el final, ¡y ganaremos!".

El pasado 1 de junio, la Fiscalía alemana solicitó por última vez la entrega del expresident a España por los cargos de rebelión y malversación de fondos públicos, así como su reingreso en prisión durante el trámite por riesgo de fuga, extremo al que la Audiencia sigue sin acceder: ni ve riesgo en que Puigdemont abandone el país ni  considera que los actos que se le imputan no se corresponden en Alemania ni con el delito de rebelión ni con el de perturbación del orden público.

Si Alemania no le extradita por rebelión, Puigdemont no podrá ser juzgado en España por ese delito, el más grave que se le atribuye

"A pesar de las decisiones parcialmente contrarias del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, la Fiscalía General mantiene su parecer en cuanto a que (Puigdemont) puede ser extraditado tanto por la acusación de rebelión como de malversación de caudales públicos interpuesta por las autoridades españolas", decía el comunicado emitido por la Fiscalía. 

"El material facilitado a posteriori por las autoridades españolas no es contradictorio, sino que prueba de forma manifiesta la dimensión de los enfrentamientos violentos ocurridos en Cataluña el día del referéndum y que (también) son atribuibles al acusado", agrega el escrito contra las negativas de la Audiencia hasta ese momento. 

España reclama a Puigdemont por los actos violentos que tuvieron lugar durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El principal escollo del tribunal español es que la decisión de Alemania no es recurrible. Es decir, si finalmente se da la orden de extraditar a Puigdemont pero no por el delito de rebelión, el expresidente catalán no podrá ser juzgado en España por ese cargo, el más grave que se le atribuye por el desafío independentista. Por este motivo, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ofreció la posibilidad de que la entrega fuera por sedición.

Llarena tiene la opción de renunciar a la entrega del 'expresident' por parte de Alemania para intentar una extradición en otro país al que pudiera viajar Puigdemont reactivando la euroorden. Sin embargo, fuentes de la Magistratura han explicado a elEconomista que se trataría de una decisión muy irregular. 

El 25 de marzo se produjo la detención de Puigdemont en un área de servicio del norte de Alemania, en cumplimiento de la euroorden de arresto emitida dos días antes por el Supremo español. El expresident pasó 12 días en prisión hasta que los máximos jueces regionales resolvieron su libertad bajo fianza a la espera de que se tomase una decisión sobre su entrega a España. Puigdemont vivió en Berlín hasta trasladarse a la región de Schleswig-Holstein a la espera del fallo judicial que espera se produzca en los próximos días. 

Puigdemont se enfrentaría a una condena de un máximo de 12 años de prisión en caso de que Llarena aceptara su entrega sólo por este delito contra los caudales públicos. Según establece el Código Penal, la pena más grave por malversación oscila entre los cuatro y los ocho años de cárcel, pero la legislación contempla una condena agravada a 12 años si el perjuicio causado excediere de 250.000 euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido comentar hoy desde la cumbre de la OTAN la decisión de la Justicia alemana. En su opinión, lo importante es que será juzgado por tribunales españoles. "Las resoluciones judiciales no se califican, se respetan, eso es lo que hace este gobierno, respetar todas ya sea las de España, Alemania o Bélgica", ha prescisado el jefe del Ejecutivo.

Desde el PP, el portavoz del partido en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado que esta resolución alemana demuestra que la euroorden "no funciona" y, por eso, ha pedido al Gobierno de Sánchez que suspenda la aplicación del Tratado de Schengen.