Sánchez se reunirá con Torra antes del verano: ¿cuál será el punto de partida para el diálogo?

El Gobierno de Pedro Sánchez arranca con un reto de la mayor envergadura posible: restablecer las relaciones con la Generalitat y buscar una salida al conflicto catalán. Es por ello que en la primera reunión del gabinete, celebrada este viernes, el tema ha estado sobre la mesa y que la prioridad número uno del Ejecutivo es que Sánchez se reúna antes de verano con el predidente de la Generalitat, Quim Torra.

Así lo han remarcado ya dos ministras del nuevo gabinete como la titular de Política Territorial, Meritxell Batet, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. Esta última ha anunciado, además, tras la reunión del Consejo, que el Gobierno levantará el control financiero de las cuentas de Cataluña como "gesto de normalización".

Previamente a este anuncio, sin embargo, sólo ha habido buenas palabras. El apoyo de los independentistas catalanes a Sánchez en una moción de censura en la que el socialista tan sólo ofreció vagamente diálogo ayudó a desbloquear la situación, pero no se ha traducido en ningún compromiso concreto.

De hecho, la elección de Sánchez de algunos ministros, especialmente la de Josep Borrell, no ha gustado al independentismo, desde cuyas filas se ha empezado a mostrar cierto arrepentimiento por haber apoyado al socialista. Además, los nacionalistas tampoco olvidan el activo apoyo del PSOE al PP en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña o las declaraciones de Sánchez llamando a Torra "racista" y "supremacista".

Pese a todo, Torra sigue llamando al entendimiento y también ha abogado por una pronta reunión con el nuevo presidente del Gobierno. El principal problema, solventado en todo caso el escollo de recomponer las relaciones y de establecer la normalidad institucional, será pasar a la concreción. No será fácil fijar qué puede ofrecer Sánchez y qué pueden 'aceptar' desde el Govern.

Aunque desde el independentismo, especialmente desde JxCat, las posiciones siguen siendo férreas en defensa de la República catalana y del "mandato del 1-O", sectores cercanos al nuevo Ejecutivo confían en recuperar la senda del consenso rescatando acuerdos o propuestas anteriores y recurriendo a gestos reseñables. Se espera también que Torra opte por una vía más pragmática en línea con los últimos movimientos de ERC y PdeCAT frente a la línea dura que impone Carles Puigdemont desde Berlín.

Por el momento, éstos son los tres ejes sobre los que podría pivotar el acercamiento del Gobierno central al Govern:

Rescatar la figura del Estatut

En el independentismo no quieren ni oír hablar de ello. Aún escuece el recurso ante el Tribunal Constitucional del PP que acarreó en 2010 el recorte del Estatut aprobado en 2006 por las Cortes, por el Parlament y refrendado en referéndum por la ciudadanía catalana.

Pese a todo, desde hace meses el PSC y protagonistas de aquella época como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han abogado por rescatar el texto -fechando el inicio de la discordia actual en la sentencia del TC- e intentar reconciliar posturas utilizando el mismo como punto de partida. Una idea que Sánchez ha acogido como propio y que puede impulsar su nuevo Gobierno.

En este sentido también se pronunció recientemente la patronal catalana en un acto del Cercle d'Economia en el que abogó por un "Estatut con blindaje constitucional" como punto de partida para desencallar la situación. Una propuesta que no fue mal recibida por un Torra que, recogiendo el guante, llamó a un debate conjunto y pidió a los empresarios transmitirle la idea a Moncloa.

Los 45 puntos

Otro punto de partida que baraja el nuevo Gobierno es rescatar los 46 puntos que Puigdemont trasladó a Rajoy en Moncloa en abril de 2016. Se trataba de un documento que recogía exigencias del soberanismo catalán que iban desde mejores infraestructuras y servicios básicos para la región hasta el desbloqueo de leyes catalanas como la de pobreza energética que habían sido paralizadas por el TC.

Aunque el recibimiento de Rajoy a Puigdemont fue cordial, el punto 46 de ese texto -la celebración de un referéndum en Cataluña- dinamitó cualquier entendimiento. Rajoy se ofreció a atender varias de las otras 45 demandas, pero el independentismo se cerró en banda y lo apostó todo a la consulta.

Dos años después y tras todo lo sucedido en los últimos meses en Cataluña, el Gobierno del PSOE sopesa el rescate de esos 45 puntos -dejando de lado el del referéndum- como una posibilidad para abrir el diálogo. De hecho, estos días Sánchez ha abogado por comenzar a desbloquear algunas de esas leyes del Parlament que el TC vetó, lo que va línea con varios de los puntos del texto.

Sin embargo, el propio portador del documento en 2016, Puigdemont, es el primero que ha salido a criticar que el nuevo Gobierno se remita a esos 45 puntos. El expresidente catalán ha dicho que el tono del nuevo Ejecutivo es buena, pero ha subrayado que le digsutan los nombramientos como el de Borrell y que rescatar los 45 puntos "no pondría el marcador a cero" con Cataluña.

Los presos del procés

Otro problema que se encontrarán ambas partes en el inicio de las conversaciones es el proceso judicial en marcha por los hechos de septiembre y octubre de 2017. La celebración del juicio en otoño contra los dirigentes que impulasaron el procés no ayudará en este sentido.

Que Puigdemont y otros exconsellers sigan fugados en otros países de Europa y que otros tantos dirigentes independentistas estén en prisión preventiva es un hándicap para el nuevo Gobierno a la hora de buscar propuestas conciliadoras.

Es por eso que ya se especula desde algunos sectores con la idea de que el nuevo Ejecutivo propicie el acercamiento de esos presos a Cataluña y nombre a un fiscal general del Estado más proclive a desestimar la prisión preventiva de los acusados. El trabajo de los jueces del proceso seguirá su curso de manera independiente, pero un cambio de postura de la Fiscalía puede influir en las decisiones, confían en el independentismo.