El final del 155 termina con el control financiero total del Gobierno catalán

El levantamiento del artículo 155 de la Constitución -una vez que el nuevo Govern tomó posesión al completo el sábado- ha llevado también a su fin la intervención total de las finanzas autonómicas por parte del Gobierno. Las medidas que se retiran son aquellas aprobadas por Hacienda entre julio y septiembre de 2017 ante la deriva soberanista del Ejecutivo catalán, y que luego quedaron amparadas por el 155. Por lo tanto, se mantienen los controles relacionados con el FLA, incluyendo la supervisión parcial aprobada por el Gobierno en noviembre de 2015, que obliga a la Intervención de la Generalitat a certificar mensualmente que los gastos del sector público catalán no vulneran la legalidad. El nuevo conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió al futuro ministro de Hacienda que retire esta medida "discriminatoria hacia Cataluña".

Por su lado, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, declaró ayer a Antena3 que las cuentas de la administración autonómica van a seguir intervenidas por el Estado, aunque abrió la puerta a levantar esta medida "si avanza la normalización" de la situación política en Cataluña.

Vuelven las transferencias

El fin de la supervisión financiera total representará que la Generalitat volverá a recibir mensualmente las transferencias de los anticipos del sistema de financiación autonómico, que hasta ahora retenía el Ministerio de Hacienda. De esta forma, el Tesoro español dejará de pagar directamente las obligaciones económicas de la comunidad y pasará a hacerlo la Generalidad.

Por otro lado, el Ejecutivo catalán dejará de certificar factura a factura que los gastos del sector público autonómico no se dirigen a la financiación de actuaciones ilegales o contrarias a las decisiones de los tribunales. Igualmente, se dejará de realizar la declaración responsable de los órganos de contratación, de los interventores y de los responsables de las entidades del sector público en el momento de la adjudicación para certificar que los bienes o servicios contratados tampoco contravienen la legalidad.

La Intervención de la Generalitat comunicó ayer a todos los departamentos que se levantaba la supervisión financiera vinculada al artículo 155. Tras anunciar el fin de la fiscalización total, Aragonès celebró: "Volveremos a la normalidad, al buen funcionamiento de los servicios públicos y a reducir las cargas burocráticas derivadas del 155".

Por su lado, la patronal Foment del Treball pidió al nuevo Ejecutivo catalán medidas para recuperar la confianza empresarial y las inversiones productivas, con un Govern "estable, previsible y con políticas a medio y largo plazo".