Torra quiere resucitar hasta 16 leyes suspendidas por la justicia

Hasta ahora, el nuevo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ha dado muy pocas pistas sobre el que será su programa de gobierno, pero uno de los puntos en los que ha puesto énfasis es en el de reimpulsar "todas y cada una" de las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, tras ser recurridas por el Gobierno central. En su discurso de investidura concretó que son 16, y recordó que algunas habían sido aprobadas por unanimidad en el Parlament, y por lo tanto con el voto favorable del PP catalán. En este sentido, reprobó que ello no sirvió para "evitar que la apisonadora del Gobierno del Estado también las dejase en suspenso".

¿Pero qué leyes son? La extensa lista corresponde al periodo temporal del último año y medio y engloba desde las normas que pretendían el despliegue de las denominadas por los soberanistas "estructuras de Estado", a los trámites para convocar el referéndum y preparar la secesión, pasando por legislación de carácter económico y social. El Gobierno central las recurrió al considerar que excedían las competencias autonómicas o entraban en conflicto con otras normas, pero desde el nuevo Govern pretenden "valorar y actualizar lo que se considere que se debe actualizar", indicaron a elEconomista fuentes próximas a la nueva Administración catalana.

Se da la circunstancia de que algunas de las leyes suspendidas están a la espera de que se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, para que la Generalitat pueda presentar alegaciones, ya que la admisión a trámite del recurso estatal se ha producido con la administración catalana intervenida. En cualquier caso, estas son las leyes catalanas cuyo contenido quiere ser reinstaurado, de alguna forma, por parte de la Generliatat liderada por Torra:

Ley 4/2016, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. El Govern la elaboró para sustituir a otra ley del mismo ámbito que ya había sido suspendida por el TC -la 24/2015-, pero su sucesora corrió en parte la misma suerte. Tras la suspensión provisional en octubre de 2017 por la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo español, el TC mantuvo en marzo de este 2018 el veto a algunos de los artículos recurridos. Así, permite la expropiación temporal de viviendas vacías para destinarlas a alquiler social en municipios con elevada demanda, pero prohíbe que las entidades financieras estén obligadas a ofrecer un alquiler social en caso de ejecución hipotecaria.

Ley 3/2017, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y contratos, y de modificación de los libros primero al quinto. El Gobierno central recurrió con el argumento de que Cataluña innovaba en la regulación los contratos de compraventa, las cesiones de fincas o de aprovechamiento urbanístico y el contrato de permuta, y aducía que son materias competencia exclusiva del Estado.

Ley 4/2017, de Presupuestos de la Generalitat para 2017. El TC suspendió las partidas presupuestarias que podían destinarse al referéndum de independencia, y advirtió que seguir tramitándolas podría llegar a comportar responsabilidades penales.

Ley 5/2017, de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2017. El motivo de su suspensión fue el recurso del Estado a dos nuevos tributos catalanes que el Gobierno español consideraba que constituían doble imposición respecto a otros tributos existentes de ámbito local o estatal. Los impuestos de la discordia eran el aplicable a pisos vacíos y el que gravaba el riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos -ambos pensados para sortear anulaciones anteriores-.

Decreto ley 5/2017, de medidas de ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas. El Gobierno cargó, por superar las competencias autonómicas, contra el intento de la Generalitat de regular la transmisión de las autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor.

Ley 6/2017, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. Este impuesto fue ideado por el gobierno catalán para contentar a la CUP y evitar el fraude en el impuesto de patrimonio por el método de poner a nombre de empresas bienes personales de sus propietarios, como coches de lujo, embarcaciones o aviones. Pero precisamente por coincidir con el gravamen de patrimonio, el Gobierno central consideró que invadía sus competencias.

Ley 9/2017, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servei Català de la Salut. La norma garantiza atención sanitaria en Cataluña a cualquier empadronado, lo que colisiona con el decreto-ley estatal que aprobó el Gobierno del PP en 2012 y que excluía a los inmigrantes sin los papeles en regla. El TC ya anuló a la Comunidad Valenciana una ley en línea con la catalana.

Ley 10/2017, de voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código Civil de Cataluña. El Gobierno defendió ante el TC que la creación de un registro catalán de últimas voluntades sobre la huella digital invade las competencias estatales.

Ley 13/2017, de asociaciones de consumidores de cannabis. El Constitucional ha vetado que Navarra, Cataluña y País Vasco legalicen estos clubes, porque ello invade la normativa penal estatal.

Ley 15/2017, de creación de la Agencia Catalana de Ciberseguridad. El Gobierno también ve invasión de competencias estatales, al igual que en la Ley 16/2017, del cambio climático, y en la Ley 18/2017, de comercio, servicios y ferias, que incluía aspectos de horarios comerciales, promociones y régimen lingüístico.

Normas en favor del 'procés'

1. Ley 17/2017, del Código Tributario de Cataluña : Entre las normas suspendidas por el TC a las que no renuncia Joaquim Torra figuran las que pretendían desplegar estructuras de Estado, como la Hacienda catalana.

2. Ley 19/2017, del referéndum de independencia : El 'Parlament' la aprobó contra toda advertencia jurídica para convocar el "referéndum de autodeterminación" del 1 de octubre.

3. Ley 20/2017, fundacional de la República : Esta norma pretendía regular la transición de autonomía a país independiente en el caso de que en el referéndum ganase el 'sí' a la secesión de España.

4. Ley 21/2017, de la Agencia de Protección Social : Otra de las normas para crear estructuras de Estado, en este caso para sentar las bases al equivalente a la Seguridad Social estatal.