Montoro dice que no le consta que las urnas y la manutención de Puigemont se pagaran con fondos públicos

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, insiste en el escrito de ocho páginas que remitió al instructor de la causa del procés independentista en Cataluña en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en que "hasta la fecha" y de la información de que dispone su departamento no se desprende que la compra de "urnas de los chinos para el 1 de octubre" o la manutención del expresidente Carles Puigdemont fuera de España se sufragaran con fondos públicos. Llarena afirma que los datos de Montoro coinciden con los indicios de malversación en el procés.

No obstante, enmarcó la entrevista del ministro "en el contexto periodístico" y dice que en ningún caso supuso contradecir "los medios de prueba practicados por los Tribunales de Justicia". Además, expone al magistrado que ha realizado 5 envíos de datos al Tribunal de Cuentas y otros tantos a la Fiscalía General por si fueran constitutivos de delito.

A continuación, describe el control presupuestario desplegado y detalla las gestiones realizadas ante la Fiscalía General y el Tribunal de Cuentas. En cuanto a los mecanismos de control desplegados, Montoro detalla al juez que la información de que dispone su departamento deriva de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y que se dictaron cuatro acuerdos de dicha Comisión que permitieron establecer un sistema de certificados y de declaraciones responsables "con el fin principal de garantizar que los créditos del Presupuesto se destinan de forma prioritaria a financiar los servicios públicos esenciales en la Comunidad Autónoma".

Explicación de la entrevista

Respecto a sus manifestaciones en el diario El Mundo insiste en su escrito que se trataba de trasladar a la opinión pública que gracias a la actuación de Hacienda se ha impedido "que exista la instrumentalización de un presupuesto público para conseguir la independencia de una parte del territorio español".

Por otro lado, continúa el ministro que se pretendía explicar cómo este control "implicaba e implica hoy en día el suministro de información por parte de funcionarios de la Generalitat con la finalidad de que garanticen que no se emplearían fondos públicos para acometer actos contrarios a la ley o a las resoluciones de los Tribunales relacionados con el denominado referéndum del 1 de octubre".

Por ello, insiste el ministro al juez que lo dicho al diario deben ponerse "en el contexto periodístico y político en el que se encuadran" y en ningún caso supuso contradecir "los medios de prueba practicados por los Tribunales de Justicia".

El titular de Hacienda recuerda a Llarena que además de los mecanismos de control administrativos, dispone de información de control presupuestario de la Comunidad Autónoma, en virtud de los requerimientos realizados a la Intervención de la Generalitat en cumplimiento de órdenes del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O.

Precisa que se formularon requerimientos directos a la Intervención General de la Generalitat de Cataluña, con fechas de 15 de enero, 29 de enero, 6 de febrero, 15'de febrero, 2l de febrero y 5 de marzo de 2018 cuyos resultados se remitieron en su día al citado juzgado de Barcelona y ahora se aportan al Supremo.

Cinco envíos al Tribunal de Cuentas

En cuanto al Tribunal de Cuentas, Hacienda cita cinco escritos remitidos, el primero de los cuales, del pasado 20 de octubre, consistió en una denuncia del secretario de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, relativa a las actuaciones relacionadas con el referéndum del 1 de octubre y con las entidades independentistas Ómnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Esta denuncia fue ampliada el 7 de noviembre en base a unos hechos denunciados en un diario digital y posteriormente se fue aportando documentación obtenida de la Generalitat, "fruto de los requerimientos realizados a la Inverventora General de Cataluña".

El escrito aportado a Llarena también da cuenta de otras gestiones realizadas por Fernández de Moya ante la Fiscalía General del Estado ya en febrero de 2017 -ante la que se denunció la difusión de la campaña institucional por el referéndum- y posteriormente las negativas que recibió el pasado mes de septiembre por parte de la Generalitat a aportar la relación de contratos de auditoría y de prestación de servicios bancarios.

En otros escritos posteriores se denunciaron ante el Ministerio Público lo relativo a la partida "publicidad, difusión y campañas electorales" o la negativa de los dirigentes catalanes a entregar datos sobre la actividad de DIPLOCAT.

Esta actividad confirma el compromiso de su departamento, según Montoro, de poner a disposición del Supremo "toda la información de que dispone para que se investiguen los indicios delictivos detectados", según explica el Ministerio.