Cifuentes se queda expuesta a la Púnica sin aforamiento tras renunciar a su acta de diputada

Cristina Cifuentes puso ayer punto final a su vida política al presentar la renuncia a su escaño como diputada de la Asamblea de Madrid a primera hora de la mañana.

Tras dimitir de la presidencia de la Comunidad de Madrid el pasado 25 de abril y, dos días después, dejar la presidencia del PP madrileño, el acta como diputada no sólo era el último nexo de unión a la actividad política, sino que le hubiera proporcionado un sueldo mensual de 3.503 euros y, además, le mantenía a cubierto ante la posibilidad de ser investigada en los distintos casos de corrupción de la Comunidad de Madrid que se instruyen en la Audiencia Nacional.

El acta como parlamentaria regional le garantizaba la condición de aforada, lo que significa que, en el caso de ser imputada, sólo podría ser juzgada por un tribunal superior, en su caso, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esto significaría que, la Audiencia Nacional, si hubiera imputado a la expresidenta, tendría que haber elevado el caso al TSJM.

Cifuentes ha estado muy cerca de verse salpicada por Púnica y por Lezo. Cabe recordar que hace tan sólo un año, el 16 de mayo de 2017, el antiguo juez del caso Púnica, Eloy Velasco, rechazó investigar a la expresidenta madrileña pese a que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario la implicaba en "múltiples irregularidades penalmente relevantes" en la financiación ilegal del PP de Madrid.

Indicios de delito

Concretamente, la UCO apreció indicios de delito de prevaricación y cohecho en la adjudicación, por parte de Cifuentes de la cafetería de la Asamblea madrileña al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011, cuando ella era presidenta de la mesa de contratación. La Guardia Civil apuntaba a que ese y otros contratos fueron acompañados de ingresos en la cuenta corriente de la Fundación Fundescam, ligada al PP de Madrid, para sufragar gastos electorales no declarados como tales. Arturo Fernández habría pagado 160.000 euros a la fundación.

El propio Francisco Granados, cabecilla de la trama, aseguró en febrero que Cifuentes se jactaba de ser las manos, los oídos y la voz de su antecesor, Ignacio González.

Además, Velasco, que también instruía el caso Lezo, que investiga la posible corrupción en el seno del Canal de Isabel II, acudió en abril del año pasado al despacho de Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol para tomarle declaración en calidad de testigo. Cabe recordar que la expresidenta regional fue consejera de la empresa pública del agua en 2012, mientras era delegada del Gobierno en Madrid.