El bloqueo jurídico deja a JxCat y ERC aún más dependientes de la CUP para poder formar Govern

La resolución del Constitucional complica las posibilidades del independentismo de investir a Carles Puigdemont sin que el Parlament de pasos hacia la desobediencia, y le hace más dependiente de la CUP para mantener viva la llama de que es posible revivir el Govern cesado.

Sobre el respeto a la Ley, para facilitar una investidura telemática de Carles Puigdemont la Mesa del Parlament y su presidente, Roger Torrent, tendrían que arriesgarse a desobedecer al alto tribunal.

El peso de aceptar el voto delegado, sin embargo, ha desaparecido porque este lunes Lluís Puig y Clara Ponsatí (JxCat) y Meritxell Serret, tres de los fugados han presentado la renuncia a su acta de diputado, provocando que aunque Torrent no admita, siguiendo la exigencia del Constitucional, el voto de Comí, exista la posibilidad de que una candidatura independentista obtenga los 68 votos que suponen la mayoría absoluta en el Parlament. 

JxCat siempre ha defendido que su objetivo eran tratar de sacar adelante la investidura en primera ronda y con mayoría absoluta y, sin tres renuncias, es imposible. Al no aceptarse el voto delegado, incluso teniendo en cuenta que la CUP apoyara la candidatura (tiene cuatro diputados), con los cinco diputados fugados, incluido Puigdemont, el independentismo como máximo lograría 65 votos en una hipotética investidura de un candidato; tres menos que la mayoría absoluta que está en los 68 diputados.

Con tres votos liberados por las renuncias los números vuelven a cuadrar, pero la CUP se hace imprescindible. Ya no basta con que dos de sus diputados voten a favor y dos se abstengan: todos tienen que apoyarlos para que Puigdemont y Comí no se vean obligados a renunciar a su acta de diputado.

Por el momento, los cupaires no han comprometido su apoyo. Reconocen que Carles Puigdemont es el primer candidato legítimo a la investidura, pero ponen requisitos y estos son desplegar la república catalana (para ellos la independencia es efectiva). Por el momento, según recogieron varias agencias de noticias el domingo, la CUP habría logrado pactar con JxCat y ERC crear la asamblea constituyente. Esta entidad estaba contemplada en la Ley de Transitoriedad Jurídica, invalidada por el Tribunal Constitucional, y su objetivo era liderar el proceso constituyente que acabaría en una Constitución catalana que debería ser refrendada en referéndum. Sobre las otras exigencias de la CUP: desobediencia y unilateralidad todavía nadie se ha pronunciado, pero son líneas rojas muy complicadas.

Por una parte, continuar con la vía de la unilateralidad prolongaría el artículo 155 y, probablemente, provocaría unas nuevas elecciones en Cataluña. Por otra parte, complicaría la estrategia de legal de Oriol Junqueras y Jordi Sánchez. El abogado defensor del primero incluso ha hecho referencia a que la unilateralidad no constaba en el programa de ERC como uno de los argumentos para solicitar su excarcelación. Llarena se la deniega por riesgo de reincidencia, que un programa de gobierno que mantenga vivo el desafío podría confirmar.

La sesión queda en vilo

Aunque el independentismo haya tratado de asegurarse la aritmética por si se celebrara mañana el pleno, las posibilidades de que Carles Puigdemont pueda pronunciar su discurso en el Parlament el martes parecen escasas. El Constitucional le exige que primero obtenga una autorización del Supremo.

Según explicó ayer el ex conseller de Territorio y diputado de JxCat, Josep Rull, Puigdemont valora solicitar la autorización a Llarena, algo que jurídicamente es muy complicado que se consiga, puesto que Puigdemont nunca se ha puesto a disposición del juez y para solicitar este permiso -como ha hecho Oriol Junqueras para tratar de asistir a las sesiones-, antes debería presentarse ante la Justicia.

Con los antecedentes de otros miembros del ex Govern, unidos al riesgo de fuga que podría valorarse en el caso de Puigdemont, que lleva tres meses huido en el extranjero, parece complicado que si se presenta en el Tribunal Supremo no sea decretada prisión preventiva. Lo apretado del calendario -la jornada de investidura está fijada para mañana- también complica que Llarena pueda autorizar a Carles Puigdemont a que pronuncie el discurso de investidura.

Moncloa, aunque ha sufrido un revés al no contar con el respaldo del Consejo de Estado, sí ha conseguido frenar la investidura telemática; evitando que luego el independentismo la dé por válida.