Moncloa se expone ante el riesgo de que el Constitucional le quite la razón

Ni siquiera la literalidad del fallo del Consejo de Estado ha logrado abortar la iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy, decidido a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar de manera preventiva la investidura de Carles Puigdemont.

Moncloa quiere ejercer su compromiso y deber constitucional y hacer todo lo que esté en su mano para el cumplimiento de la ley. Eso sí, con el "mayor respeto y la máxima lealtad institucional" al dictamen del órgano consultivo.

Cuando la presunción no vale

No obstante, la firmeza del Ejecutivo expone a Moncloa. Corre el riesgo de que el Tribunal decida quitarle hoy la razón, cuando el pleno del TC examine el recurso contra la designación de Puigdemont como candidato para presidir la Generalitat. Un hipotético lance, pero posible, para el equipo de Rajoy, al que ya advierte el Consejo de Estado, al subrayar en su dictamen que este recurso tiene carácter "preventivo o hipotético", y que es éste un tipo de recursos que el TC suele rechazar: "No cabe sostener, más allá de una mera presunción, que el candidato propuesto no vaya a hacer acto de presencia en la Cámara", anticipa el Consejo.

Pese a este dictamen, el nuevo argumento monclovita descansa en la necesidad de soslayar "hechos consumados" que vulneren el ordenamiento jurídico. Evitar a toda costa que alguien huido se ponga al frente de la Presidencia de la Generalitat. Alguien en búsqueda y captura por delitos tan graves como el de sedición, rebelión, y malversación entre otros. Delitos en palabras de Sáenz de Santamaría, que impiden a Puigdemont ser presidente. El Gobierno entiende que su obligación es impedir actos contrarios a la Constitución y la democracia, razón que explica la máxima acuñada ayer desde Moncloa: "Gobernar es decidir". Sin embargo, Santamaría no se atrevió a garantizar que Oriol Junqueras no pueda ser president.

Precisamente, el comprometido movimiento del Ejecutivo de Rajoy fue motivo de reflexión del exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El exministro de Interior alerta del "coste político" que tendrá que pagar el Estado por quitar "de en medio" a Puigdemont, no sin dejar de reconocer que esta estrategia es para "evitar un mal mayor".

Respuesta secesionista

El presidente del Parlament, Roger Torrent, defendió que la impugnación del Gobierno "no tiene ninguna base jurídica" y "es un fraude de ley" que atenta contra los derechos de los electores, los diputados y la democracia. Anunció que los servicios jurídicos del Parlament analizarán una respuesta, si bien desde JxCat se adelantaron y todos sus diputados presentaron una demanda al Supremo. También pidieron personarse en el procedimiento del TC para contraargumentar las tesis del Ejecutivo de Mariano Rajoy.