El separatismo confía en que el Supremo suavice la causa del 'procés'

Los líderes del independentismo se enfrentan hoy a un nuevo asalto judicial con la declaración en el Tribunal Supremo de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y del resto de miembros de la Mesa que apoyaron los planes secesionistas, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a los que se le dio una semana más para preparar su defensa. Sobre la mesa del instructor, Pablo Llarena, dos decisiones sustanciales: la adopción de medidas cautelares y reclamar para sí la causa que por los mismos hechos hay abierta en la Audiencia Nacional.

Ambas cuestiones resultan de especial trascendencia para el devenir del desafío independentista. Si Llarena opta por enviar a prisión a los querellados, se elevaría aún más la temperatura del conflicto. Si no lo hace, el soberanismo abonará la idea de que la Audiencia Nacional se propasó enviando a prisión a Oriol Junqueras y los siete exconsellers la semana pasada.

El riesgo de caer en una nueva disparidad de criterios -el Supremo dio una semana más a los querellados para preparar su defensa u la Audiencia no- desaparecería aunando toda la causa bajo la dirección de Llarena. Una opción que cobra fuerza en los últimos días. El Tribunal puede adoptar esta decisión si considera que los actos investigados guardan una relación tan estrecha que enjuiciarlos por separado perjudicaría a la causa.

Este escenario es el preferido por los independentistas, que ven en el Supremo un tribunal más calmado y garantista, lejos del gatillo fácil de la Audiencia en la aplicación de medidas cautelares tan gravosas como la prisión preventiva. "La acumulación de causas sería una buena noticia", aseveró ayer Carles Campuzano, diputado del PDeCAT, que subrayó que "de entrada" el Alto Tribunal está siendo "más prudente" en la investigación del caso.

Petición de prisión

Las esperanzas del soberanismo, sin embargo, puede caer en saco roto si Llarena, al igual que hizo la instructora en la Audiencia, Carmen Lamela, admite la posible petición de prisión de la Fiscalía.

Hoy, de hecho, Junqueras y los exconsellers cumplen siete días en las prisiones de Estremera y Alcalá Meco. Ellos, junto con Carles Puigdemont y los otros cuatro huidos están pendientes de que se ejecute la orden de embargo contra sus bienes por parte de Lamela, después de que ésta les impusieran una fianza de 6,2 millones de euros.

Ante los ataques del separatismo a la Justicia, el ministro Rafael Catalá volvió ayer exigir respeto y a recordar que en España no hay presos políticos. "¿Son mejores los políticos de Cataluña para no tener que responder ante la ley¿ ¿son distintos al resto de ciudadanos?", se preguntó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Compartiendo la idea de defensa de los tribunales, José María Aznar, sin embargo, introdujo un matiz al reclamar a la Justicia que adopte decisiones comprensibles para los ciudadanos. "El Supremo puede tener una interpretación y la Audiencia Nacional otra, pero lo importante, se decida lo que se decida, es que la gente lo pueda entender", advirtió en una entrevista en la Cadena SER.