El Govern cesado se enfrenta hoy al vértigo de la prisión preventiva

Los impulsores del desafío independentista se enfrentan este jueves al abismo de acabar la jornada en prisión. Medida cautelar que puede ser decretada por alguno de los jueces instructores de las causas abiertas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y malversación, siempre que así lo solicitara la Fiscalía -una opción que el Ministerio Público no descarta, al menos para los principales implicados en los actos que han sustanciado el procés-.

La situación más crítica es la de los miembros del Govern. En primer lugar, porque la magistrada es Carmen Lamela, que ya conoce una parte de los hechos denunciados al ser instructora del sumario por sedición contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart -causa que se ha unido a la actual querella y por la cual los Jordis se encuentran en prisión desde el 16 de octubre-.

En segundo término, porque antes siquiera de haber tomado declaración a los imputados, la instructora les impuso una fianza conjunta de 6,2 millones para cubrir la posible responsabilidad derivada de los hechos investigados. Ello constata que la jueza ya aprecia indicios serios de actividad delictiva.

En último lugar, y aunque las medidas cautelares se adoptan de forma individual, atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno, la huida de Carles Puigdemont y otros consejeros puede afectar en el ánimo de la magistrada a la hora de apreciar el riesgo de fuga.

No es descartable, por lo tanto, que Lamela concluya la jornada de declaraciones decretando el ingreso en prisión provisional de alguno de los querellados que acudan a partir de las 9 de la mañana a la sede de la Audiencia Nacional.

¿Y si no se presentan?

En caso de que alguno de los citados que se encuentra en España no acudiese a la llamada de la Audiencia Nacional -aunque según un comunicado emitido por el Govern este miércoles, lo harán-, la juez convertirá la orden de comparecencia en orden de detención y el afectado declarado en rebeldía será conducido al tribunal por las Fuerzas de Seguridad.

¿Qué sucede con Puigdemont y el resto de huidos si consuman su amenaza de no presentarse -tal y como reza el mismo comunicado-? En este caso, si la magistrada entiende que el president y los consejeros en Bélgica conocían la llamada y no es necesario reiterarla, activará la Orden Europea de Detención y Entrega -la euroorden-. Esta segunda opción es la más probable, dado que el abogado del expresident Carles Puigdemont ha comentado a los medios que no tiene intención de viajar a España y que quiere declarar desde allí, petición a la que se han sumado los demás.

En este caso, la autoridad judicial española remitirá a la Justicia belga una petición de extradición, que tiene una tramitación rápida. Durante la misma, el expresident y los exconsejeros pueden oponerse a ella a través de diversos recursos, pero los trámites estarían resueltos antes de tres meses.

En resumen, la rebeldía de Puigdemont y los exconsellers entorpece la acción de la Justicia, pero no la impide. Y su actitud de no colaboración abona el riesgo de fuga que justifica la prisión provisional.

Lo que parece del todo improbable, dada la gravedad con la que Lamela ha calificado los hechos que han envuelto al desafío independentista, es que aceptara una declaración desde Bélgica -legalmente posible-. Una opción que cuenta con el rechazo de la Fiscalía.

La razón es que si se produce una petición de prisión provisional, tal y como se regula en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe celebrarse una audiencia en presencia del investigado, su abogado y del fiscal. En ella, el afectado escucha los argumentos contra él y puede hacer alegaciones.

Si tras la misma la instructora decide decretar la medida de prisión, el investigado abandonará las dependencias judiciales para ingresar directamente en la prisión.

Forcadell, ante el Supremo

Los antecedentes judiciales permiten a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa que apoyaron los planes soberanistas ser ligeramente más optimistas sobre su futuro judicial inmediato.

El Tribunal Supremo, al contrario que la Audiencia Nacional, no les impuso ningún tipo de fianza al citarles a declarar -lo harán a partir de las 9,30 horas-. Además, su actitud ha sido mucho más colaborativa con la Justicia, no planteando ninguno de ellos ningún tipo de dudas en relación con su comparecencia ni coqueteando con haber desobedecido la disolución de la Cámara autonómica tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ello, no obstante, no impide que el instructor, Pablo Llarena, tras escuchar a los investigados, opte por la máxima severidad en la imposición de medidas cautelares.

Hay que recordar en la admisión de la querella que el Supremo abrió la puerta a calificar los hechos como "conspiración para la rebelión".