El presupuesto antiterrorista cae un 6% desde el inicio de la crisis

El 11-M marcó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo internacional en España que llevó automáticamente a la Administración a realizar la mayor subida del presupuesto destinado a la seguridad en los últimos años. Sin embargo, la crisis económica torció los planes en la lucha antiterrorista con recortes acumulados de casi el 10% en estas partidas que aún no se han recuperado. Para 2017, el Ministerio de Interior, encargado de la seguridad ciudadana, y el CNI proyectan unos presupuestos que de manera conjuntan ascienden a los 5.786,9 millones de euros. La cifra aún está un 6% por debajo de los 6.191,9 millones de euros con los que el país contaba para hacer frente al yihadismo en el año 2008.

El presupuesto para la lucha contra el terrorismo se integra en la actualidad dentro del programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, que engloba también otras parcelas como las competencias de Protección Civil o la coordinación de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los atentados de marzo de 2004 motivaron que el gasto para prevenir el terrorismo yihadista se incrementara hasta un 24,16%, haciendo escalar la partida de 3.499,3 millones de euros a 4.344,8 millones de euros. Interior, reforzó además el número de efectivos destinados a esta lucha con un total de 657 agentes tanto de la Policía como de la Guardia Civil, de los que 357 pasaron directamente a integrarse en el servicio de información para prevenir este tipo de terrorismo.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también se reforzó tras los atentados en los trenes de Cercanías, aumentando su presupuesto un 17,2% de cara a 2005, y pasando por tanto de los 161,9 millones de euros que tenía establecidos en 2004 a los 189,7 millones de euros. Al igual que Interior, el servicio de inteligencia también reforzó sus efectivos con 250 nuevos miembros.

Impulso a la lucha

Con la recuperación económica ya sobre la mesa y tras la oleada de ataques terroristas en Europa en los últimos años como París, Niza, Berlín, Londres o Estocolmo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de la que depende directamente el CNI, anunció el pasado mes de mayo su intención de elevar en 20 millones más el presupuesto para inteligencia y contar con 600 nuevos agentes. El objetivo de nuevo corresponde a la lucha contra el terrorismo yihadista y el ciberterrorismo.

Interior también da un impulso a los servicios antiterroristas del Estado con el desarrollo del Plan Integral de Lucha contra la Financiación del Terrorismo Internacional y una estrategia contra atentados terroristas y emergencias NRBQ (Nucleares, Radiológicas, Biológicas y Químicas).

El papel de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad en materia antiterrorista se centra principalmente en la cooperación con la Ertzaintza y los Mossos D'Esquadra, la protección de infraestructuras críticas y la batalla contra la radicalización de los yihadistas.

Falta de agentes

A pesar de que tras la recesión el presupuesto en materia de seguridad no se ha recuperado a niveles precrisis, cabe destacar que Interior ha incrementado su gasto un 57,9% respecto a 2004, mientras que el del CNI es un 61,1 superior al de hace 13 años. Sin embargo, las leves subidas de los últimos años (0,22%, en 2015; 0,67%, en 2016 y 1,01, en 2017) han indignado a policías y guardias civiles que tachan de "insuficientes" estas partidas.

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) denuncia que en los últimos seis años se han perdido 13.797 efectivos tanto de la Policía como de la Guardia Civil -el 9% del total-, conduciendo al país hacia la "decadencia de los niveles de seguridad". El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo una oferta para este año de 3.331 plazas de policías nacionales y otras 1.866 para agentes de la Guardia Civil. Desde el sindicato policial consideran que España aún necesita 10.000 policías más para alcanzar el umbral de seguridad. En algunos puntos como Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja o Ceuta, se han perdido más del 20% de los efectivos, mientras que en Galicia ya supera, siempre según el SUP, el 28%. Tan sólo los servicios centrales presentan un saldo justo del número de agentes.

Defensa, a un lado

El Ministerio de Defensa no tiene competencias en materia de lucha antiterrorista dentro del país. No obstante y con motivo del atentado del pasado jueves en Barcelona, el Gobierno ha convocado para hoy una mesa extraordinaria en la que se valorará el nivel de alerta terrorista en el país -que ahora está en el 4 (riesgo alto)- y se decidirá si elevarlo al 5 (riesgo muy alto), máximo nivel que co mprendería la entrada en acción de las Fuerzas Armadas.

En este caso, el Ejecutivo podría recurrir a al menos 5.000 militares de reacción rápida, según el plan diseñado por el Estado Mayor de la Defensa. Desde el Ministerio que dirige María Dolores de Cospedal aseguran que desconocen cuál sería el papel de los militares en el caso de que se incremente el nivel de alerta y que dependerá de los requerimientos de Interior.

Las labores de las Fuerzas Armadas españolas en materia antiterrorista se ejecutan fuera de las fronteras nacionales. El pasado 25 de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump, pidió en la cumbre de la OTAN más lucha contra el yihadismo, compromiso ratificado por los líderes de la Alianza, pero a su par, también reclamó a cada país mayor inversión en materia de defensa. El líder norteamericano persigue que todos los países que conforman la Alianza destinen el 2% de su PIB al gasto de armamento, propuesta de la que el Ejecutivo español se desmarcó desde primera hora. La intención del Gobierno - que actualmente gasta en Defensa el 0,9 de su PIB con casi 10.000 millones de euros- pasa por contener el presupuesto, al menos en los tres próximos años, bajo el yugo de mantener el déficit a raya.

Actualmente, en la Unión Europea, sólo superan el 2% del PIB Reino Unido, Estonia, Polonia y Grecia.