La UE frena el intento de España de endurecer las sanciones a Maduro

Europa no escucha a Mariano Rajoy. El deseo del Gobierno de España de aumentar las sanciones al régimen bolivariano de Nicolás Maduro en Venezuela no ha obtenido, hasta ahora, la respuesta deseada por el Ejecutivo.

Este jueves, Francia se unía a las posiciones de Portugal y Grecia. La República dirigida por Emmanuel Macron no cree que haya llegado el tiempo de las sanciones y apuesta por la vía del diálogo, hasta el punto de que el presidente galo se ofreció el pasado 5 de julio como intermediario en la crisis entre el Gobierno chavista y la oposición venezolana. No en vano, Francia sigue siendo uno de los principales inversores en Venezuela con 1.600 millones de dólares contabilizados dentro de las estadísticas del Banco Central de Venezuela, a los cuales hay que añadir 3.000 millones de dólares suplementarios de inversiones de filiales extranjeras de sus empresas.

Los franceses no solo cuestionan la eficacia de las sanciones, también afirman que la mayoría de los Estados miembro no está muy a favor de avanzar en estas políticas, a pesar de que España ha reclamado a sus socios europeos imponer sanciones tras la consulta ilegal del pasado domingo, y de que la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, lo pidiera expresamente.

Lo cierto es que el pasado martes los Veintiocho descartaron sanciones por ahora, aunque avisan a Caracas de que la Unión Europea y sus estados miembros están decididos a aumentar gradualmente sus respuesta en el caso de que los principios democráticas se socaven más y la Constitución de Venezuela no sea respetada.

Sospechas de tongo

No obstante, la UE pide encarecidamente a Maduro que hoy no siga adelante con la inauguración efectiva de la Asamblea Constituyente, y además libere a todos los presos políticos, pero la policía bolivariana continúa con su despliegue iniciado el miércoles en el Palacio Legislativo Federal, sede de la Cámara, para extremar la seguridad de la anunciada ceremonia.

La oposición también ha respondido con cambios. Inicialmente tenía programada una gran marcha para el jueves, pero el cambio de intenciones plasmado en el calendario del régimen ha originado la convocatoria de otra manifestación que tendrá lugar hoy en las inmediaciones del Congreso, y que se aventura muy tensa.

Entre los rechazos internacionales y las sanciones adelantadas por parte de Estados Unidos, el Gobierno de Maduro se enfrenta estos días a otra situación no menos polémica. La empresa Smartmatic, encargada del sistema de voto electrónico en Venezuela, ha denunciado fraude en el resultado de las elecciones del domingo. El escándalo ha despertado el interés inmediato de la Fiscalía General que ayer mismo abrió una investigación sobre las elecciones de la Asamblea Constituyente, ante el temor de que solo haya participado el 15 por ciento de los electores.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz -antaño defensora de Chávez, y a posteriori desencantada como parte del círculo chavista- señaló ayer que lo que le motivó a ser crítica con el Gobierno fue el secuestro de su hija y de su nieto. Desde entonces -afirma-, su familia y ella misma han sido objeto de asedio por parte de ofialistas y simpatizantes de Maduro. Ortega Díaz podría ser remplazada de su cargo en los próximos días.

La investigación de Ortega también se ha visto apoyada por la denuncia de la Mesa de Unidad Democrática, que exige la apertura de una averiguación penal sobre las elecciones a la Asamblea tras conocerse los resultados de Smartmatic. Pero Maduro se desentiende, y califica estas acciones como parte de un esfuerzo por manchar una votación limpia y transparente.

Y mientras los líderes de la oposición Antonio Ledezma y Leopoldo López siguen arrestados en Ramo Verde, y las aerolíneas Iberia y British Arways reanudan desde ayer sus vuelos desde Madrid a Caracas, tras permanecer cancelados desde el domingo, la OEA (Organización de Estados Americanos), anunció ayer que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no será invitado a la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales que se celebrará en Cartagena (Colombia) en octubre por manipular los resultados de la Asamblea Constituyente, esgrimiendo que "un órgano electoral que demuestra estar al servicio de un régimen dictatorial no puede ser sentarse en la mesa de la democracia hemisférica".