La financiación autonómica medirá el pulso entre Sánchez y sus barones

El Gobierno se comprometió a tener lista una reforma del actual modelo de financiación autonómico a finales de este año, de forma que el nuevo sistema pueda entrar en vigor en 2018. Cuando Mariano Rajoy adquirió este compromiso en la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero seguramente no podía imaginar que este asunto sería una de las batallas que le tocaría librar con un Pedro Sánchez reforzado al frente del PSOE. Sin embargo y pese a que éste será uno de los temas más espinosos en la negociación pendiente entre el Gobierno y la oposición, para lo que realmente servirá la reforma de la financiación autonómica será para medir el pulso entre Sánchez y sus propios barones.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, los principales focos de tensión internos para el nuevo secretario general del PSOE siguen siendo Andalucía y Castilla-La Mancha. Susana Díaz, derrotada por Sánchez contra todo pronóstico, y Emiliano García-Page, uno de los defensores más férreos de la andaluza hasta la fecha, mantienen las espaldas en alto y poca predisposición al diálogo.

El problema está en que las dos autonomías son muy beligerantes en el debate autonómico a cuenta de la armonización fiscal, una de las patatas calientes de la futura reforma. Las dos reclaman al Ejecutivo Central que fije topes máximos y mínimos en los tributos cedidos para evitar la competencia desleal entre regiones, el conocido como dumping fiscal.

Esta postura choca de lleno con la que defiende la Comunidad de Madrid, pero también otro de los feudos socialistas, Baleares, cuya presidenta, Francina Armengol, es una de las más firmes partidarias de Pedro Sánchez. Al nuevo líder del PSOE le tocará posicionarse en este punto cuando su grupo negocie el texto definitivo con el Gobierno, dado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro que quería sacar adelante un proyecto consensuado con el resto de formaciones en la medida de lo posible.

Sí han establecido los primeros contactos con el líder socialista y se han mostrado dispuestos a colaborar con él otros tres barones susanistas: el valenciano Ximo Puig, el aragonés Javier Lambán y el extremeño Guillermo Fernández Vara.

Puig está dando la batalla para que el futuro modelo de reparto territorial entre en vigor este mismo año y lo haga con efectos retroactivos desde 2014. También se ha mostrado contundente a la hora de apostar por algún tipo de reestructuración de la deuda autonómica. Mientras, tanto Lambán como Fernández Vara reclaman que factores como el envejecimiento o la dispersión tengan un mayor peso, o que el próximo sistema incluya los gastos en dependencia.

Preocupación en Moncloa

En Moncloa temen que el juego de poderes dentro del PSOE pueda complicar la aprobación y entrada en vigor del texto según el calendario previsto. Fuentes próximas reconocen a elEconomista que la financiación será un termómetro importante de las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

Para poder jugar sus cartas con la financiación autonómica, Sánchez deberá garantizarse un 39º Congreso Federal sin demasiados sobresaltos y, a cambio, no tensar la cuerda presentando candidatos alternativos a los actuales barones socialistas en los congresos regionales y provinciales que se sucederán después -algo que ahondaría las fisuras existentes en la formación-.

Sin embargo, otros expertos consultados no descartan que la financiación autonómica pueda convertirse en la oportunidad de curar heridas para los socialistas. La explicación está en que al ser una Ley Orgánica y requerir de la mayoría absoluta del Congreso para salir adelante, el PP necesitará el apoyo de los socialistas -puesto que sólo con el respaldo de Ciudadanos no lograría sacarla adelante-.

Si Sánchez juega bien esta baza y propicia no solo que la reforma salga adelante, sino que podría congraciarse tanto con Susana Díaz, como con Ximo Puig, dado que Andalucía, pero sobre todo Comunidad Valenciana, no salen bien paradas con el actual modelo. ?No es fácil de materializar, pero es una oportunidad?, sentencian las mismas fuentes.

En este punto, el que puede poner palos en la rueda es realmente el Gobierno, sobre todo si como sugirió Montoro, pretende que la aprobación de la nueva financiación vaya de la mano con la de los Presupuestos, un punto en el que el apoyo de Sánchez se antoja complicado.

De momento a quien toca hablar es a los sabios que trabajan en una propuesta de modelo de reparto. A finales de este mes tendrá lugar la tercera convocatoria de la comisión que los reúne. Hasta la fecha, el grupo ha acordado dar a las autonomías la capacidad de poder solicitar al Gobierno de forma consensuada una subida del IVA que repercuta íntegramente en ellas (una suerte de IVA colegiado); también están muy cerca de pactar la creación de una hucha a modo de Fondo de Reserva de las pensiones que las autonomías puedan emplear en periodos de dificultades.

Una enmienda sobre el superávit local

La Comisión de Presupuestos del Congreso aprobó ayer incluir en el proyecto de Cuentas de 2017 una enmienda para permitir a los ayuntamientos que inviertan parte del superávit acumulado desde 2016. La propuesta, registrada por el PP, responde a una de las reivindicaciones tanto de la oposición, como de las entidades locales con las cuentas saneadas. Debido a la regla de gasto, éstas tenían limitaciones para poder invertir sus remanentes de tesorería. Las restricciones se mantienen y las inversiones deberán dedicarse a proyectos financieramente sostenibles. Sin embargo, la enmienda permite que dichos proyectos se extiendan al próximo año, sin que deban concluir éste, como hasta ahora.