¿Quién manda y quién decide en los Servicios Jurídicos del Estado?

Buena parte de las miradas de España se centran en la Abogacía General del Estado, que en esta ocasión se sustancia en los de Consuelo Castro, la directora y máxima responsable de un servicio jurídico que en su día fue pilotado por Edmundo Bal, hoy diputado por Ciudadanos.

Seoane llega a la Abogacía en diciembre de 2018 a propuesta del Ministerio de Justicia, en manos de Dolores Delgado. Apenas aterrizada, marca un perfil opuesto al de Bal. Durante el juicio del procés rechaza el delito de rebelión ante la imposibilidad de demostrar la violencia, ya que, según su criterio, "para que un alzamiento público tenga una violencia de rebelión debe concurrir que la violencia o la amenaza de emplearla hayan sido organizadas y previstas como un instrumento nuclear para el fin pretendido y en segundo lugar que la amenaza sea suficiente".

Unos meses más tarde, Castro determina que, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Oriol Junqueras hubiera podido salir de prisión para recoger su acta de eurodiputado. Claro que la Abogacía respeta la importancia del proceso por el que se le estaba juzgando a Junqueras, protagonista de la semana, junto a Carles Puigdemont.

El pasado viernes, a preguntas de la prensa, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, afirmó que la Abogacía del Estado no atiende a los informes o requerimientos del Gobierno, sino a principios técnicos. Pero no pensó así en su momento Edmundo Bal, cesado de su cargo por no compartir el criterio del Gobierno, es decir, deshacer el criterio de rebelión, y reconvertirlo en sedición. En febrero de 2019, la vicepresidenta Carmen Calvo defendía la figura del relator. En esos momentos el Gobierno de Pedro Sánchez intentaba encontrar apoyos suficientes para sacar adelante sus primeros Presupuestos Generales, unas cuentas que pasados dos años no han llegado todavía a cristalizarse.

En cualquier caso, estos días se verá cómo la Abogacía General del Estado asume la dirección del Servicio Jurídico del Estado, y es el centro superior directivo del Servicio Jurídico del Estado. Además, asegura el mantenimiento del principio de unidad de doctrina en el ejercicio por aquellos de las funciones que les están atribuidas.